El Gobierno nacional plantea una “reestructuración” del régimen de Zona Fría y apunta contra provincias incorporadas en 2021

Durante la apertura del Foro Energía Chubut 2050, el secretario de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, cuestionó el funcionamiento actual del régimen de Zona Fría que reduce entre un 30% y un 50% la factura de gas para millones de hogares en el país. Según indicó, el 65% de los fondos que sustentan ese beneficio “se destinan a provincias que no lo necesitan”, y advirtió que se trata de un esquema que requiere ser “ajustado” para redirigir los recursos “a quienes realmente lo necesitan”.

En su exposición, González calificó al sistema como “un régimen totalmente injusto” y sostuvo que se ha generado “un círculo vicioso: regalando energía se favorece el consumo excesivo y se desincentiva la inversión en infraestructura”. En ese sentido, confirmó que el Gobierno continuará eliminando subsidios a barrios cerrados y sectores de altos ingresos, en línea con una política de reducción del gasto energético.

El funcionario nacional aseguró que el problema de fondo está en la ampliación de la Ley 27.637, sancionada en 2021, que incorporó más de 3 millones de usuarios al régimen, incluyendo zonas de provincias como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. “Hoy, casi el 40% de los medidores del país están alcanzados por la zona fría, pero el 65% de la demanda subsidia al 35% restante. Esa carga no es sostenible”, advirtió.

Más cambios en camino

González deslizó que de mantenerse el esquema actual, habría que duplicar el cargo adicional que se aplica sobre las boletas de gas de los usuarios no alcanzados por el beneficio. “Si quisiéramos equilibrar el régimen, habría que poner un cargo del 15%, que en términos reales sería un 30% del costo del gas para quienes hoy no tienen el descuento”, explicó.

Afirmó también que estas distorsiones en la cadena de pagos afectan al sistema energético en su conjunto. “Cuando las distribuidoras cobran tarde, pagan tarde a los productores, que a su vez son los mismos que generan petróleo y gas. Esto genera un impacto que va más allá del consumo residencial”, remarcó.

Aclaración sobre el financiamiento

Si bien desde el Gobierno se insiste en hablar de “subsidio”, el régimen de Zona Fría no se financia con fondos del Tesoro Nacional. Se sostiene mediante un fideicomiso específico creado en 2002 y reforzado por la Ley 27.637, que se alimenta con un cargo adicional sobre las facturas de gas natural en todo el país. Este aporte, que ya había aumentado en abril, volvió a subir recientemente y alcanzó el 6,2%.

Restricciones por nivel socioeconómico

En paralelo, en las últimas semanas se introdujeron nuevas restricciones. Por ejemplo, quienes posean más de un medidor de gas en zonas incorporadas por la ley de 2021 dejarán de percibir la bonificación del 50%, manteniendo solo el 30%. Esta disposición afecta a unos 138.000 usuarios, que deberán acreditar una situación de vulnerabilidad para conservar el beneficio pleno.

Actualmente, cerca de 2,58 millones de usuarios reciben un descuento del 50% y otros 1,7 millones acceden al 30% de rebaja. González sostuvo que el sistema requiere una revisión profunda, para que los fondos “realmente lleguen donde hacen la diferencia”.

Tensión con las provincias del sur

Si bien el secretario reconoció que el régimen tiene plena justificación en regiones como la Patagonia, Malargüe y la Puna, los cuestionamientos a su ampliación despiertan preocupación en varias provincias incorporadas al beneficio en 2021, donde la situación socioeconómica y climática también es severa. La reducción progresiva del régimen podría afectar directamente el poder adquisitivo de millones de hogares que aún enfrentan temperaturas extremas y dificultades económicas.