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El gobierno nacional está considerando la eliminación del Plan Procrear, una iniciativa creada en 2012 por la entonces presidenta Cristina Kirchner, cuyo objetivo es facilitar la construcción de viviendas a través de créditos estatales. Si el programa se desmantela, las 17.000 viviendas que aún están en construcción podrían ser puestas a la venta, lo que implicaría la necesidad de cancelar el fondo fiduciario que dio origen al Procrear.

El programa, que actualmente depende del Ministerio de Economía bajo la conducción de Luis Caputo, está bajo revisión. El gobierno ha comenzado a auditar cada una de las obras en marcha, con la posibilidad de ceder algunas de ellas a las provincias o municipios para su finalización. Según fuentes oficiales, se está evaluando cómo proceder con las viviendas que aún no han sido completadas. Algunos proyectos, como el de La Tablada en Rosario, ya han recibido financiación del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), con la firma de un convenio que destina una inversión significativa para finalizar la urbanización.

Con respecto a los créditos otorgados, el gobierno está revisando los últimos 2.500 contratos firmados en noviembre de 2023, poco antes de la salida del presidente Alberto Fernández. A los beneficiarios se les ofreció la posibilidad de convertir esos préstamos en créditos personales, y hasta el momento, el 70% de los afectados ha aceptado la propuesta.

En cuanto a las viviendas en construcción, muchas de ellas cuentan con financiación del Banco Hipotecario y otras con el apoyo del FISU. A pesar de las intenciones de continuar con la obra, varios gobiernos provinciales ya han tomado la decisión de hacerse cargo de las terminaciones. Entre ellos, el gobernador Axel Kiciloff se ha comprometido a finalizar las viviendas de Procrear en su jurisdicción, así como otros distritos del conurbano bonaerense.

Este proceso de reestructuración de los fondos fiduciarios se enmarca en una serie de recortes que el gobierno está implementando para reducir el gasto público. Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció esta semana el cierre del Fondo Fiduciario de Capital Social (FONCAP), que brindaba microcréditos a empresas, y reveló que se evaluarán otros fondos con la misma intención de liquidarlos o transformarlos.

Ante estos cambios, la provincia de Formosa ya ha expresado su rechazo a la disolución del Procrear. La Defensoría provincial ha solicitado que se deje sin efecto la medida, en defensa de los derechos de los beneficiarios del programa.

El futuro del Procrear, con más de una década de historia y miles de familias involucradas, sigue siendo incierto mientras el gobierno avanza con su plan de reestructuración de los fondos públicos y de la vivienda.