La medida apunta a impedir que teléfonos móviles utilizados de manera irregular desde establecimientos penitenciarios sean empleados para planificar o coordinar delitos en el exterior. Las provincias podrán adherir al sistema mediante un convenio con el Ministerio de Seguridad Nacional.
El Gobierno nacional anunció la ampliación a las provincias de una estrategia destinada a detectar y bloquear teléfonos celulares utilizados dentro de las cárceles, una herramienta que busca reforzar la seguridad penitenciaria y evitar que personas privadas de su libertad puedan continuar coordinando actividades delictivas desde el interior de los establecimientos.
La medida fue establecida mediante la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y contempla la posibilidad de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhieran al sistema que ya se implementa en establecimientos penitenciarios federales.
El objetivo central es avanzar sobre una problemática que representa un desafío para los sistemas de seguridad: el uso irregular de dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias para mantener comunicaciones con el exterior y, eventualmente, organizar hechos delictivos.
Una herramienta contra la coordinación del delito desde las cárceles
De acuerdo con el comunicado oficial, el programa permitirá detectar dispositivos y bloquear los IMEI, IMSI y las líneas telefónicas que sean identificados como utilizados irregularmente dentro de las unidades penitenciarias.
La estrategia apunta a cortar una vía de comunicación que puede ser utilizada para coordinar acciones fuera de los establecimientos, especialmente en aquellos casos en los que integrantes de organizaciones criminales mantienen vínculos operativos pese a encontrarse detenidos.
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional remarcaron que los establecimientos penitenciarios no deben convertirse en centros de operaciones del crimen organizado, planteando el control de las comunicaciones como una herramienta adicional dentro de las políticas de seguridad.
Las provincias podrán adherir al sistema
La implementación no será automática para las jurisdicciones provinciales. Según establece el comunicado, las provincias interesadas deberán incorporarse mediante un convenio de adhesión aprobado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Una vez concretada la adhesión, se dispondrá de una ventanilla única para canalizar ante las compañías de telefonía móvil las solicitudes de bloqueo correspondientes a los dispositivos y líneas detectados dentro de las unidades penitenciarias.
Esto permitiría articular el trabajo entre las autoridades penitenciarias, los organismos de seguridad y las empresas de telecomunicaciones para actuar sobre las comunicaciones consideradas irregulares.
El desafío de reforzar la seguridad penitenciaria
La iniciativa pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles dentro de las cárceles y evitar que la privación de la libertad no implique, al mismo tiempo, la posibilidad de mantener estructuras delictivas activas hacia el exterior.
En términos de seguridad, el bloqueo de dispositivos constituye una herramienta preventiva: busca reducir las posibilidades de comunicación clandestina desde los establecimientos penitenciarios y dificultar eventuales maniobras coordinadas desde el interior de las unidades.
El comunicado oficial resume el sentido de la política con una premisa: quien se encuentra privado de su libertad debe cumplir su condena y no continuar dirigiendo organizaciones criminales desde una cárcel.
La posibilidad de extender este sistema a las provincias abre ahora una nueva etapa, en la que cada jurisdicción deberá evaluar su adhesión y avanzar en los mecanismos necesarios para incorporar esta herramienta a sus propios sistemas de seguridad penitenciaria.