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El Gobierno implementa exámenes de idoneidad para empleados estatales

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, oficializó la implementación de los denominados «exámenes de idoneidad» para evaluar el desempeño de más de 40.000 empleados estatales. Este nuevo requisito comenzará a aplicarse a partir de diciembre y se formalizó a través de la publicación de una guía con materiales de estudio y ejemplos de preguntas.

Evaluaciones obligatorias para contratados y nuevos ingresos

En esta primera etapa, el examen será obligatorio para los empleados contratados y de planta transitoria que deseen renovar sus contratos al cierre del año. Desde enero de 2025, la medida se extenderá y será un requisito para todas las nuevas incorporaciones al sector público.

El examen se realizará de manera digital y estará centrado en tres áreas principales:

  1. Comprensión lectora
  2. Razonamiento lógico-matemático
  3. Conocimientos en administración pública nacional

Cada empleado tendrá hasta tres intentos para aprobar y deberá solicitar turnos adicionales para repetir la evaluación si no obtiene resultados satisfactorios.

Implementación gradual

El proceso de evaluación se realizará en fases. En diciembre, comenzará con los organismos ubicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que en 2025 se extenderá a las dependencias nacionales en el resto del país.

Preocupación gremial

El anuncio generó reacciones inmediatas entre los gremios estatales. Jaqueline Borquez, representante del Gremio de Vialidad Nacional en Santa Cruz, expresó preocupación por cómo esta medida podría afectar a trabajadores de carrera con amplia experiencia pero sin formación académica formal.

“Tenemos trabajadores con décadas de experiencia que nunca completaron sus estudios, pero son fundamentales en su labor. ¿Ellos también tendrán que aprobar una evaluación teórica sobre administración nacional o comprensión de texto?”, cuestionó Borquez.

Por su parte, Carlos Garzón, secretario general de ATE Santa Cruz, criticó la medida calificándola como un intento de «estigmatización» hacia los empleados estatales. “Esto no garantiza continuidad laboral ni mejora las condiciones de trabajo. Es una herramienta política más para deslegitimar al trabajador estatal”, señaló.

Contexto político y operativo

Según los gremios, los mecanismos actuales para evaluar el desempeño ya están establecidos en los convenios colectivos de trabajo, con revisiones anuales que permiten el ascenso en la carrera pública. “Este nuevo sistema no tiene nada que ver con mejorar la eficiencia del Estado. Es una herramienta política, no técnica”, concluyó Garzón.

El Gobierno, por su parte, defiende la medida como un paso hacia la modernización y profesionalización del empleo público, buscando optimizar la gestión estatal. La implementación de los exámenes marcará un cambio significativo en las políticas de recursos humanos en la administración pública nacional.

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