El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que prepara el Gobierno podría incorporar un capítulo que alcance a las actividades pesqueras desarrolladas bajo licencias otorgadas por el Reino Unido en torno a las Islas Malvinas. La posibilidad comenzó a ser evaluada mientras el Poder Ejecutivo termina de definir una iniciativa que, según lo previsto, sería enviada al Congreso el próximo lunes.
El planteo para ampliar las sanciones fue impulsado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, que cuestionó que las medidas anunciadas se concentren en la actividad hidrocarburífera. La organización sostiene que el criterio aplicado sobre las petroleras también debería alcanzar a las compañías que participan de la explotación de los recursos pesqueros mediante permisos británicos.
La discusión adquirió relevancia dentro del Gobierno y, según informó la Agencia Noticias Argentinas, fue analizada durante la última reunión de la mesa política. La eventual incorporación de la pesca supondría ampliar los alcances de las modificaciones previstas sobre la Ley 26.659, actualmente orientada a sancionar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la Plataforma Continental.
El reclamo para incorporar la actividad pesquera
La posibilidad de incluir a la pesca también llegó al Congreso. Luego de los anuncios realizados por el presidente Javier Milei, sectores del peronismo reclamaron que el endurecimiento del régimen sancionatorio no quede limitado al petróleo. El jefe del bloque, Germán Martínez, llevó esa posición al recinto durante la sesión.
El argumento central apunta a las licencias pesqueras que el Reino Unido concede desde hace décadas en las aguas circundantes a las Islas Malvinas. Bajo esa postura, las empresas que participan de esas actividades deberían quedar sometidas a un régimen similar al que se pretende aplicar a compañías relacionadas directa o indirectamente con emprendimientos hidrocarburíferos.
Todavía resta conocer si esa incorporación quedará finalmente plasmada en el articulado que llegará al Congreso. El Ejecutivo trabaja sobre la redacción definitiva y también analiza de qué manera presentará públicamente la propuesta.
Quirno y Presti participaron de la elaboración
Entre los funcionarios involucrados en la preparación del proyecto aparecen el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. El Gobierno incluso analiza que alguno de ellos participe de la presentación para explicar los principales puntos de la iniciativa.
Además, ambos funcionarios tienen previsto viajar este viernes a Tierra del Fuego, en medio de una agenda nacional que en los últimos días volvió a colocar al Atlántico Sur y a las Islas Malvinas entre sus principales temas.
La intención oficial sería ingresar el proyecto al Congreso el lunes y conseguir que la Cámara de Diputados comience su tratamiento entre finales de septiembre y los primeros días de octubre.
Las sanciones y el proyecto Sea Lion
El avance de la nueva legislación se produce mientras el Ejecutivo profundiza las medidas contra personas y compañías relacionadas con actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, con especial atención sobre el proyecto Sea Lion.
Durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, Milei explicó uno de los alcances que pretende otorgarle al nuevo régimen. “Con esta ley, quienes provean servicios a empresas vinculadas a la explotación ilegal de recursos argentinos no podrán contratar ni con el Estado ni con privados en nuestro país”, afirmó.
El Presidente también aseguró que, desde el anuncio realizado anteriormente por cadena nacional, se iniciaron “procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente la cuenca Malvinas sin nuestra autorización”.
La discusión que ahora mantiene el Gobierno pasa precisamente por determinar si ese esquema debe trascender la explotación petrolera y extenderse hacia otros recursos naturales del Atlántico Sur.
La Base Naval Integrada también forma parte de la agenda
En paralelo con el proyecto legislativo, el Ejecutivo ratificó su intención de avanzar con la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego. La obra tendrá una asignación contemplada dentro del Presupuesto 2027.
Milei aseguró que los recursos serán obtenidos mediante una reasignación que “no pone en juego el superávit” y señaló que también habrá inversiones destinadas al área de telecomunicaciones.
De esta manera, la definición sobre la pesca aparece ahora como uno de los puntos pendientes antes de que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional llegue al Congreso. De incorporarse finalmente, el régimen sancionatorio tendría un alcance mayor al inicialmente anunciado y podría involucrar también a compañías relacionadas con las licencias pesqueras otorgadas por el Reino Unido en las aguas que rodean a las Islas Malvinas.