El Gobierno endurece su política migratoria: expulsión por delitos, aranceles educativos y cobro por servicios de salud
El Gobierno Nacional anunció este martes una profunda reforma del régimen migratorio que será implementada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con la intención de redefinir quiénes pueden residir en el país y bajo qué condiciones. Entre los puntos más relevantes se destaca la expulsión automática de extranjeros que cometan delitos, el cobro de servicios públicos de salud y educación a migrantes temporarios o irregulares, y la exigencia de seguro médico para ingresar a la Argentina.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la medida busca “ordenar el sistema migratorio” y evitar que el país siga siendo “tan permisivo con ingresos irregulares”. Durante la conferencia, también estuvieron presentes funcionarios del Ministerio del Interior y del área legal de Presidencia, quienes trabajaron en la redacción del decreto que se publicará en los próximos días.
La iniciativa, impulsada por Bullrich —quien ya había promovido medidas similares durante la gestión de Mauricio Macri— recupera el espíritu del DNU 70/2017, derogado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández, tras fuertes críticas de organismos de derechos humanos y la Justicia, que lo declaró inconstitucional.
Con la nueva reforma, cualquier extranjero con condena previa no podrá ingresar al país. Además, aquellos que cometan un delito en territorio argentino serán deportados, sin importar la gravedad de la pena. También se prevé que delitos con condenas menores a cinco años sean causa suficiente para negar la residencia o promover la expulsión.
En el plano sanitario, el Gobierno exigirá que los migrantes transitorios o irregulares abonen los servicios de salud que reciban en hospitales públicos. A su vez, se impondrá la obligatoriedad de contar con un seguro médico como requisito de ingreso. Según cifras oficiales, el gasto estatal en atención médica a extranjeros asciende a unos 114.000 millones de pesos anuales.
Otro eje de la reforma permitirá que las universidades nacionales establezcan aranceles para alumnos extranjeros que no cuenten con residencia permanente. Esta medida no afectará los niveles inicial, primario ni secundario, pero podría impactar en la matrícula universitaria de migrantes.
Durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso el pasado 1° de marzo, el presidente Javier Milei ya había anticipado este cambio. Afirmó que “Argentina debe dejar de ser un paraíso de beneficios financiado con el esfuerzo de sus ciudadanos”, y que este giro en la política migratoria es parte de construir “un país serio”.
En paralelo al anuncio, comenzaron a circular datos que buscan justificar la medida. Según el último informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena (SNEEP), al 31 de diciembre de 2023, el 6% de la población carcelaria era extranjera. En el sistema penitenciario federal, el porcentaje asciende al 16,1%. La mayoría proviene de países limítrofes: Paraguay, Bolivia y Perú concentran el 69% de esos casos.
Sin embargo, el uso del DNU como herramienta para implementar estas políticas genera controversia. El decreto anterior, en 2017, fue declarado inconstitucional por la Justicia al considerar que vulneraba derechos fundamentales de los migrantes, limitaba los tiempos para apelar decisiones de expulsión, y otorgaba a la Dirección Nacional de Migraciones atribuciones sin control judicial. Estas objeciones serán clave en el debate legal y político que se avecina.
Por ahora, el nuevo decreto ya ha encendido el alerta entre sectores sociales y organismos internacionales, que advierten que volver a ligar migración con criminalidad representa un retroceso en materia de derechos humanos y convivencia democrática.