El Gobierno elimina el tope a los aportes empresariales a los sindicatos y modifica la reglamentación laboral
El Gobierno nacional modificó uno de los puntos de la reforma laboral vinculados al financiamiento sindical y eliminó el límite del 2% que regía para los aportes extraordinarios que las empresas pueden realizar a los gremios. La medida fue oficializada mediante el Decreto 612/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La norma, firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, permite que el monto de esos aportes sea acordado libremente entre las organizaciones sindicales y las cámaras empresarias durante las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo, sin un porcentaje máximo fijado por el Estado.
Además de eliminar el tope, el decreto redefine la base sobre la que podrán calcularse esas contribuciones. A partir de ahora, se tomará como referencia el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador y las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual establecidas por convenio.
En cambio, quedarán excluidos conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, aguinaldo, plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro ingreso que no tenga carácter mensual, habitual y permanente.
La normativa también establece restricciones sobre el destino de esos recursos. Los fondos deberán utilizarse exclusivamente para fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores representados por el sindicato, y deberán administrarse de manera separada del resto del patrimonio de la organización gremial.
La modificación introduce cambios respecto del esquema establecido por la reforma laboral aprobada este año, que había impuesto mayores límites a las contribuciones empresariales destinadas a los sindicatos. Con esta decisión, las organizaciones gremiales recuperan margen para negociar este tipo de aportes en el marco de las paritarias y los convenios colectivos.
Desde el Gobierno señalaron que la medida busca precisar la aplicación de la normativa vigente y ordenar el sistema de financiamiento sindical, aunque el cambio también representa una flexibilización de las restricciones que habían sido incorporadas durante la reglamentación de la reforma laboral.
