El Gobierno disolverá Vialidad y la Agencia Nacional de Seguridad Vial
En el marco de un proceso de reestructuración estatal, el Gobierno nacional avanza con la disolución de varios organismos vinculados al transporte y la seguridad vial. Entre ellos, se encuentran la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
El anuncio se da en un contexto de apuro por parte del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ante el inminente vencimiento —el próximo 8 de julio— de las facultades delegadas al titular de esa cartera. Según trascendió, el decreto que formaliza estas medidas ya está en etapa final de redacción y podría publicarse en los próximos días.
De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo es eliminar la superposición de funciones entre organismos y centralizar tareas para ganar eficiencia. Las competencias de los entes eliminados serían absorbidas por la Gendarmería Nacional, la Secretaría de Transporte de la Nación y un nuevo organismo denominado Agencia de Control de Concesiones de Transporte.
Entre las funciones que quedarán bajo la órbita de Gendarmería figuran el control, fiscalización y prevención de infracciones de tránsito en rutas nacionales, áreas de control integrado y pasos internacionales. El Gobierno argumenta que esta fuerza cuenta con capacidad operativa y experiencia comprobada para asumir dichas responsabilidades.
Por su parte, la Secretaría de Transporte absorberá la coordinación de políticas de seguridad vial, incluyendo los cursos de formación, la gestión del scoring, los registros nacionales de licencias y antecedentes de tránsito, y los convenios actualmente vigentes bajo la órbita de la ANSV.
En cuanto a la CNRT, su eliminación responde a un proceso de vaciamiento funcional que se aceleró en los últimos años. De acuerdo al Ejecutivo, sus tareas fueron progresivamente delegadas a otras áreas, y recientes decretos ya habían modificado el régimen de transporte, reduciendo el rol del organismo en la fiscalización del sistema de pasajeros.
Con esta medida, el Gobierno busca consolidar competencias dispersas en menos estructuras estatales, como parte de su política de recorte, simplificación administrativa y transferencia de tareas a fuerzas de seguridad.