El Gobierno dio de baja definitivamente la fallida obra del Corredor del Beagle
Tras años de paralización, cuestionamientos ambientales y judicialización, la Provincia rescindió los contratos y puso punto final al proyecto vial más ambicioso —y polémico— de los últimos años en Tierra del Fuego.
USHUAIA.– El Gobierno provincial resolvió poner fin, de manera definitiva, a la inconclusa obra del Corredor Costero del Canal Beagle, uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos —y controversiales— de la última década. La medida quedó formalizada mediante el decreto 1834/25, firmado el pasado 18 de julio, que rescinde el contrato de obra pública firmado con la empresa Juan Felipe Gancedo S.A. en mayo de 2018.
La decisión fue acompañada por el decreto 1835/25, que revoca retroactivamente —a fecha 23 de octubre de 2023— el contrato del tramo II, sin reconocer compensaciones económicas a la contratista.
Con una inversión inicial de $1.720 millones y un plazo de ejecución de 24 meses, el proyecto fue impulsado durante la gestión de Rosana Bertone, con la promesa de conectar Ushuaia con Cabo San Pío a través de una ruta escénica de 132 kilómetros. El plan incluía el desarrollo turístico de Puerto Almanza y la integración vial de diversos parajes costeros del sur fueguino.
La obra, que comenzó en enero de 2019, avanzó con autorización ambiental a pesar de las objeciones de organizaciones científicas y ambientalistas, que alertaban sobre su impacto ecológico y arqueológico. Se dividió en tres tramos: Playa Larga–Almanza, Almanza–Moat, y Moat–Cabo San Pío.
El cambio de administración en 2020, con la llegada de Gustavo Melella, marcó un freno. La nueva gestión paralizó los trabajos para revisar el trazado vial. Esa revisión se extendió sin definiciones hasta octubre de 2023, cuando se rescindieron los contratos de los tramos II y III por «razones de oportunidad, mérito y conveniencia», sin atribuir responsabilidades a la empresa, aunque reconociendo gastos improductivos por más de $1.000 millones.
Ante la falta de resolución, la empresa Gancedo recurrió a la Justicia. En mayo de este año, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a un amparo por mora y ordenó al Ejecutivo resolver la situación contractual y los certificados pendientes de redeterminación.
La intervención del Tribunal de Cuentas fue clave para el desenlace. En junio, el organismo emitió un informe técnico que recomendó la rescisión definitiva del contrato, la elaboración de un acta de recepción final y la postergación de la liquidación de los montos adeudados hasta tanto se apruebe un informe de impacto ambiental y se resuelvan observaciones técnicas y ambientales.
Con esta resolución, la Provincia cierra un capítulo marcado por la falta de planificación, tensiones institucionales y millonarios gastos improductivos. El costo total para el erario público solo se conocerá cuando se complete la evaluación ambiental y se definan los pasivos, si los hubiera.
Una historia de promesas, paralización y controversias que deja profundas lecciones sobre la ejecución de obra pública en Tierra del Fuego.