El Gobierno detiene momentáneamente las bajas en pensiones por discapacidad mientras se audita la ANDIS
Mientras avanza una investigación interna en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno decidió frenar temporalmente el proceso de bajas en pensiones por invalidez. La decisión surge tras la intervención del organismo y en medio de una revisión de presuntas irregularidades en su funcionamiento.
La pausa afecta especialmente la auditoría sobre las pensiones otorgadas en los últimos años, que había resultado en la eliminación de 128.667 beneficios. De ese total, más de 110 mil se habían cancelado por documentación inconsistente o falsificada, 8.107 correspondían a personas fallecidas y unas 10 mil fueron por renuncias voluntarias de los propios beneficiarios.
El escándalo estalló luego de que se filtraran audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, donde hablaba de sobreprecios en compras de medicamentos, situación que derivó en su remoción y la intervención de la entidad. Desde entonces, el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, asumió el control del proceso de normalización.
“Estamos revisando las pensiones, las compras y la estructura interna. Hasta que la auditoría no finalice, no habrá nuevas bajas ni controles presenciales”, afirmó una fuente cercana al ministro. En ese sentido, se detuvieron las citaciones a beneficiarios y se suspendió la verificación de datos para los más de un millón de personas que actualmente cobran pensiones por discapacidad.
No obstante, desde el Gobierno aclararon que técnicamente el mecanismo de altas y bajas sigue vigente, aunque cualquier decisión definitiva se tomará una vez concluida la auditoría en curso.
La transformación administrativa de la ANDIS también quedó en suspenso. Aunque se había evaluado integrarla formalmente al Ministerio de Salud para reforzar los controles sobre licitaciones y presupuesto, el Ejecutivo no cuenta actualmente con las facultades delegadas necesarias para avanzar sin pasar por el Congreso.
En paralelo, el Senado aprobó esta semana —por amplia mayoría— una ley que declara la emergencia en discapacidad hasta fines de 2026, con posibilidad de prórroga. La norma contempla mejoras en pensiones no contributivas, actualizaciones de aranceles y nuevos mecanismos de compensación económica. El Gobierno, sin embargo, analiza judicializar la medida, al considerar que podría afectar sus objetivos de ajuste fiscal.
Con esta decisión legislativa —la primera en más de dos décadas que revierte un veto presidencial—, el tema vuelve a instalarse en el centro del debate nacional. Mientras tanto, el Ejecutivo busca redefinir el rumbo de un área sensible, marcada por la necesidad de transparencia y resguardo de derechos.