El Gobierno desvincula a 500 empleados públicos en el marco de la reducción del gasto
El gobierno nacional continúa con su política de recortes y en esta ocasión completó la disolución de la secretaría de desarrollo territorial, hábitat y vivienda, que estaba bajo la órbita del ministerio de economía. Con esta decisión, que se formalizó en la resolución 150 publicada en el boletín oficial, se concretó la desvinculación de 500 empleados públicos, un paso más en la línea de la administración de Javier Milei para reducir el gasto público y disminuir el número de empleados en el estado.
Este recorte sigue la misma dirección que otras medidas anteriores, como la disolución del Plan Procrear y la eliminación del fondo fiduciario que lo respaldaba. La medida también implica la eliminación de programas financiados por esta secretaría, que ya habían sufrido reducciones en el año anterior. En el mismo contexto, se prevé la desvinculación de un número indefinido de auditores contratados a través de universidades nacionales por parte de la secretaría de hábitat.
Federico Sturzenegger, ministro de desregulación, explicó en un mensaje a través de redes sociales que con esta normativa, la planta de la secretaría será puesta «a disponibilidad», lo que contribuirá al ahorro fiscal del país. Según el funcionario, los sueldos promedio de los 500 empleados desvinculados era de $1 millón, lo que representará un ahorro de aproximadamente 6.500 millones de pesos anuales en impuestos.
En 2024, la administración de Milei despidió a más de 37.000 trabajadores estatales, distribuidos entre la administración centralizada y descentralizada, empresas del estado y personal de seguridad y militar. Este ajuste ha sido justificado por el gobierno como parte de su estrategia para reducir la carga fiscal y devolver mayor capacidad de gasto al sector privado.
Además de estos recortes, el gobierno continúa con su plan de desregulación del estado. Esta semana, se avanzó en la unificación de los sistemas de inscripción para la contratación de obras públicas y se modificaron los procedimientos del régimen de contrataciones de la administración pública nacional. La medida, que busca simplificar trámites y mejorar la eficiencia, entró en vigencia el 19 de febrero.