El Gobierno de Javier Milei dispuso que una operación destinada a incorporar nuevo equipamiento para las Fuerzas Armadas se desarrolle bajo un régimen de secreto militar. La decisión permite mantener bajo reserva información relacionada con la adquisición, incluidos los detalles del material, los posibles proveedores y los valores económicos involucrados.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti. La disposición forma parte de las decisiones vinculadas con el equipamiento militar argentino, aunque el documento no identifica los sistemas que se pretende incorporar.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que el Ministerio de Defensa podrá avanzar con el procedimiento de contratación sin cumplir con las obligaciones habituales de publicidad y difusión de sus actuaciones. Esta excepción se fundamenta en la necesidad de proteger información que, según el Ejecutivo, podría afectar la seguridad nacional si llegara a conocimiento público.

Para justificar la decisión, el Gobierno recurrió a una normativa vigente desde 1963 que permite clasificar como secreto militar determinadas operaciones consideradas estratégicas para la preparación y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. El marco legal contempla tanto la compra de materiales como las negociaciones y los procedimientos administrativos asociados.

La operación se encuentra identificada bajo el expediente EX-2026-97868854-APN-SSGA#MD y será instrumentada a través de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la información difundida oficialmente no permite conocer qué fuerza recibirá el equipamiento, cuáles serán los plazos de entrega ni el presupuesto destinado a la adquisición.

La resolución también menciona las leyes nacionales que regulan la defensa del territorio argentino y establecen las responsabilidades del Estado en materia de planificación y modernización militar. En ese sentido, el Ejecutivo sostiene que preservar determinados datos resulta necesario para garantizar la capacidad operativa y proteger los intereses estratégicos del país.

La decisión adquiere especial relevancia en el escenario geopolítico del Atlántico Sur y la histórica disputa de soberanía por las Islas Malvinas. No obstante, el decreto no establece ninguna relación directa entre la compra reservada y la situación del archipiélago, por lo que se desconoce si el equipamiento tendrá alguna vinculación con esa región.

Por ahora, la adquisición permanece rodeada de interrogantes. Aunque el Gobierno confirmó la existencia del procedimiento y su carácter reservado, no informó públicamente las características del material, el origen de los recursos ni las empresas que podrían intervenir en la operación.

La disposición quedó confirmada en el Boletín Oficial del 19 de octubre de 2026. El texto oficial no identifica el equipamiento ni vincula la operación con Malvinas.

Decreto 1205/2026