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El Gobierno busca incentivar el uso de dólares «en el colchón» con menos controles y nuevas garantías para los ahorristas

Con la mira puesta en las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei busca avanzar en un paquete de medidas orientadas a reactivar la economía y atraer los dólares que los argentinos mantienen fuera del circuito formal, ya sea en cajas de seguridad, en efectivo o en el exterior. La apuesta es fomentar una «dolarización endógena» que expanda la oferta de divisas en la economía sin necesidad de una reforma abrupta del régimen monetario.

La propuesta, calificada por el propio presidente como “el camino natural” hacia una economía dolarizada, incluye la eliminación de diversos controles y reportes financieros, y busca dar garantías jurídicas y políticas a quienes decidan movilizar sus ahorros, estimados en más de US$ 250.000 millones, acumulados por años de desconfianza en el sistema financiero y la política económica argentina.

El plan: menos controles, más incentivos

Uno de los cambios más relevantes que se propone es la eliminación de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que actualmente deben presentar bancos, supermercados, tarjetas de crédito, escuelas privadas y hasta consorcios de edificios ante la Unidad de Información Financiera (UIF), cuando detectan movimientos de dinero que superan ciertos umbrales o resultan atípicos.

Milei calificó esos mecanismos como un «horror» y señaló que obstaculizan la circulación de divisas que podrían impulsar el consumo, la inversión y el ahorro formal. La eliminación de estos controles —según el Gobierno— contribuiría a reducir el miedo de los ahorristas a que su dinero sea investigado o expropiado en el futuro.

“No metieron dólares abajo del colchón porque odian al país; lo hicieron porque del otro lado había un conjunto de hijos de puta, delincuentes, que les afanaron con el impuesto inflacionario”, expresó el Presidente en referencia a los sucesivos fracasos económicos y al corralito de 2001.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sería el encargado de motorizar las nuevas medidas, que podrían incluir beneficios impositivos y nuevos instrumentos financieros para canalizar esos dólares hacia sectores clave, como bienes durables, inversiones inmobiliarias o títulos públicos.

El desafío: evitar sanciones internacionales

El anuncio, sin embargo, no está exento de polémica. La posibilidad de relajar las normativas antilavado y los mecanismos de control financiero podría exponer a la Argentina a observaciones o sanciones por parte de organismos internacionales como el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que monitorea el cumplimiento de estándares contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El Gobierno sostiene que el sistema actual entorpece la recuperación económica, y que sus propuestas permitirían que el ahorro en dólares —actualmente inmovilizado— se transforme en una herramienta de crecimiento. En esa línea, aseguran que quienes decidan blanquear o movilizar sus divisas no serán perseguidos por la AFIP o ARCA, incluso si en el futuro cambia el signo político de la gestión.

La oportunidad electoral

El triunfo de La Libertad Avanza en recientes elecciones comunales de un distrito clave motivó una renovada confianza en el oficialismo. En ese contexto, Caputo fue uno de los funcionarios más elogiados por el Presidente: “En este triunfo tenés mucha responsabilidad”, le dijo Milei en la noche de celebración, lo que refuerza su rol central en el diseño de la política económica de cara a los próximos meses.

La expectativa del oficialismo es que una mejora en los indicadores de consumo y reactivación económica, sostenida por los dólares informalmente atesorados, pueda traducirse en respaldo electoral en octubre. Para ello, el desafío es convencer a los ahorristas de que es seguro volver al sistema financiero, algo que históricamente ha sido difícil en un país con numerosos antecedentes de confiscaciones y cambios abruptos de reglas de juego.

Un experimento con final abierto

Aunque algunos sectores celebran la iniciativa como una vía para dinamizar el mercado, expertos advierten que la liberalización extrema de controles podría acarrear consecuencias serias, tanto en materia de transparencia como de relación con organismos multilaterales.

Lo cierto es que el Gobierno de Milei apuesta por una estrategia no convencional: transformar el desarme del colchón en el motor de una recuperación económica en plena campaña electoral. La efectividad —y los riesgos— de esa decisión, comenzarán a visibilizarse en los próximos meses.

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