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El Gobierno avanza en las negociaciones por la reforma laboral y busca asegurar los votos en el Congreso


El oficialismo inició contactos con gobernadores y bloques aliados para intentar aprobar la reforma laboral en febrero, durante las sesiones extraordinarias. El capítulo tributario aparece como el principal obstáculo para cerrar acuerdos.

El gobierno de Javier Milei puso en marcha las negociaciones políticas para avanzar con la reforma laboral y aspira a que el proyecto sea tratado y aprobado en febrero, en el marco de la segunda etapa de las sesiones extraordinarias del Congreso. Aunque todavía no se formalizó el cronograma parlamentario, ya comenzaron los contactos con gobernadores y legisladores clave.

El ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza las gestiones con las provincias y ya realizó viajes a Chubut, además de tener previstos encuentros en Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco. En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem trabajan en el armado político dentro del Senado y la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo reconocen que el dictamen aprobado a fines del año pasado no es definitivo y podría sufrir modificaciones para sumar apoyos.

En la Cámara de Diputados, el Gobierno cuenta con una base de alrededor de 109 votos, entre legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y aliados, pero aún necesita alcanzar los 129 necesarios para el quórum. Para lograrlo, será clave el respaldo de diputados que responden a gobernadores provinciales.

La situación en el Senado es similar. El oficialismo parte de unos 21 votos propios y necesita al menos 37 para aprobar la iniciativa. Allí, las negociaciones se concentran en el radicalismo, bloques provinciales y sectores del peronismo no alineado.

El punto más conflictivo del proyecto es el capítulo tributario, que incluye cambios impositivos que impactan en la recaudación de las provincias, como modificaciones en el impuesto a las Ganancias y la eliminación de tributos sobre seguros y servicios. Gobernadores de distritos clave como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe manifestaron reparos por el posible efecto fiscal de la reforma.

Pese a las resistencias, en el Gobierno aseguran que hay margen para alcanzar un acuerdo, aunque admiten que el resultado final dependerá del nivel de concesiones que estén dispuestos a hacer para garantizar los votos necesarios y avanzar con una de las reformas centrales de su agenda.

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