El gobernador Gustavo Melella minimizó el impacto del recorte a municipios y defendió el uso de fondos para subsidios al gas

Con un discurso confrontativo y escasa autocrítica, el mandatario relativizó el reclamo de Ushuaia por la quita de recursos, aseguró que “32 millones no hacen volcar a un municipio” y volvió a cargar la responsabilidad financiera sobre las administraciones locales.

En medio de un escenario económico adverso y crecientes tensiones con los gobiernos municipales, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, defendió la decisión de redireccionar fondos coparticipables para sostener el subsidio provincial al gas envasado y restó importancia al impacto presupuestario que la medida genera en las arcas comunales.

Lejos de buscar consensos, el mandatario adoptó un tono confrontativo al referirse a los intendentes que cuestionaron la resolución. “Hasta hace poco éramos los mejores y ahora de repente somos los peores”, lanzó, en una comparación que equiparó la relación institucional con “un matrimonio”.

El eje del conflicto radica en la actualización automática de aportes prevista por una ley provincial sancionada en 2022, que habilita incrementar los fondos destinados al subsidio del gas envasado ante subas de precios. Según el Ejecutivo, esa adecuación implicaría para el municipio de Ushuaia una merma cercana a los 32 millones de pesos mensuales.

Sin embargo, el gobernador desestimó la magnitud del recorte. “No creo que 32 millones hagan volcar a un municipio o que no puedan cumplir aumentos salariales”, afirmó, al tiempo que aseguró que el dinero “no va para el Gobierno, sino para los vecinos”.

Un planteo que traslada la carga a los municipios

El razonamiento oficial omitió detallar el peso real que esos montos tienen en presupuestos locales ya tensionados por la caída de la recaudación y mayores demandas sociales. Tampoco contempló que, para las comunas, cada punto de coparticipación representa servicios básicos, salarios y obras.

Mientras tanto, Melella insistió en que otras ciudades como Río Grande y Tolhuin “acompañan” la medida, sugiriendo que el cuestionamiento de Ushuaia sería una excepción política más que un problema financiero.

En la misma línea, el mandatario volvió a responsabilizar a urbanizadores públicos y privados por la expansión de barrios sin servicios, señalando que luego “el Estado provincial tiene que llevarlos”. El planteo, no obstante, elude el rol de planificación y control que también compete al Ejecutivo.

Ajuste, caída de recursos y pedidos a Nación

El contexto general tampoco ofrece alivio. El propio gobernador reconoció que la provincia atraviesa “un año muy difícil”, con caída de la coparticipación, menor consumo, retroceso del turismo y contracción de sectores clave como la industria electrónica, textil e hidrocarburífera.

Admitió incluso que debieron solicitar adelantos de coparticipación a la Nación para cubrir obligaciones corrientes, una herramienta que compromete ingresos futuros.

Pese a ese escenario, el discurso oficial combinó llamados al “diálogo institucional” con mensajes que relativizan los reclamos municipales y minimizan los efectos de las decisiones provinciales sobre las cuentas locales.

Subsidio en el centro del debate

El subsidio al gas envasado —presentado por el Gobierno como la segunda inversión social más importante del Ejecutivo— busca asistir a familias sin acceso a red de gas. No obstante, la discusión de fondo se desplaza hacia cómo se financia: si mediante mayores aportes provinciales o trasladando parte del costo a los municipios.

Por ahora, la administración fueguina ratifica la medida y promete reuniones técnicas con áreas económicas comunales. Sin embargo, el tono adoptado por el gobernador, más cercano a la descalificación que a la negociación, anticipa un debate que difícilmente se resuelva sólo con números.

En una provincia donde cada peso cuenta, la disputa por 32 millones mensuales parece menos simbólica de lo que el Ejecutivo intenta instalar.