El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el Gobierno nacional contempla una recuperación parcial del gasto público frente a 2026, aunque las partidas continúan considerablemente por debajo de los niveles registrados antes del ajuste iniciado en 2023. Educación, universidades, vivienda, discapacidad, políticas de género y obra pública aparecen entre las áreas más afectadas.
Un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el gasto total crecería 5,7% en términos reales durante 2027, tomando como referencia las proyecciones oficiales de inflación: 29% para 2026 y 18% para el año siguiente. Sin embargo, al comparar las partidas con 2023, se observa una reducción acumulada del 26,5%.
Los servicios sociales registrarían una mejora real del 6,1% respecto de 2026, alcanzando su nivel más elevado desde 2024. Pese a esa recuperación, seguirían lejos de compensar la caída del 16,1% acumulada durante los últimos tres años. Según ACIJ, este sector explicó el 40% de los recortes presupuestarios aplicados desde 2023.
Dentro de ese conjunto existen marcadas diferencias. Salud tendría un incremento real interanual del 16% y quedaría 30% por encima de 2023. No obstante, la organización aclaró que parte de esa suba responde a un cambio en el registro de los recursos del PAMI, que desde 2024 comenzaron a contabilizarse como transferencias del Tesoro.
La Seguridad Social aumentaría 5% frente a 2026, pero todavía quedaría 2% por debajo de los valores de 2023. Educación y Cultura, en tanto, recibirían una mejora cercana al 8% durante el próximo año, aunque conservarían una pérdida acumulada del 44% en cuatro años.
Las mayores disminuciones se concentran en infraestructura social. Vivienda y Urbanismo tendría recursos 99% inferiores a los de 2023, mientras que Agua Potable y Alcantarillado mostraría una reducción del 93%.
El panorama también presenta diferencias en las políticas destinadas a niñas, niños y adolescentes. La AUH, las Asignaciones Familiares y el Plan 1.000 Días, que cuentan con mecanismos automáticos de actualización, recuperaron 31,9% desde 2023. En cambio, la Prestación Alimentar y las becas Progresar, cuyos aumentos dependen de decisiones gubernamentales, acumularon una pérdida del 50,5%.
ACIJ advirtió que el artículo 17 del proyecto elimina la fórmula de movilidad mensual de la AUH y de las Asignaciones Familiares sin establecer otro sistema de actualización. La entidad consideró que esta modificación dejaría los incrementos sujetos a decisiones discrecionales y podría deteriorar el valor de las prestaciones.
Las universidades nacionales tampoco alcanzarían una recuperación significativa. El proyecto mantiene un financiamiento 24,9% inferior al de 2023 y destina $7,5 billones al sistema, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional estimó que se necesitan $11 billones. La diferencia entre ambas cifras llega al 32%.
A esa brecha se suma el deterioro de los salarios docentes universitarios. El informe calcula una pérdida del poder adquisitivo del 25% entre 2023 y 2026 y del 47% desde 2015. El Presupuesto no incluye una recomposición que permita revertir ese retroceso.
En discapacidad, los artículos 39 y 41 eliminan el arancel único del Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas y permiten que cada organismo establezca sus propios valores. ACIJ alertó que el cambio podría generar coberturas desiguales y limitar el acceso a determinados servicios.
La iniciativa también suprime la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social y conserva únicamente la prestación por invalidez laboral, que posee condiciones de acceso más restrictivas. Aunque los fondos para esta última crecerían 8,5% frente a 2026, permanecerían 26,5% por debajo de 2023. Por otra parte, Incluir Salud perdería 13,9% en términos reales durante el próximo año.
Las políticas contra la violencia de género dispondrían de recursos 89% inferiores a los de 2023. Dentro de este escenario, el Programa Acompañar y la Línea 144 continúan sin partidas específicas identificables. La Educación Sexual Integral contaría con apenas $30 millones, cifra que representa una caída real del 98,5% en cuatro años.
El ajuste también se mantiene en la obra pública. De una cartera integrada por 2.339 proyectos, 1.683 fueron cancelados o ingresaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidos o se encuentran en esa instancia y solamente 199 permanecen bajo administración directa del Estado nacional.
El gasto de capital destinado a infraestructura pasaría de $3,7 billones en 2026 a $3,8 billones durante 2027. Pese a ese leve incremento, quedaría 80% por debajo de los $18,4 billones registrados en 2023.
En paralelo, el Gobierno propone beneficios tributarios para incentivar la participación privada en la concesión de rutas nacionales. El esquema contempla amortización acelerada, devolución o crédito fiscal del IVA y la posibilidad de utilizar la totalidad del impuesto a los débitos y créditos como pago a cuenta de otros tributos.