El Ejecutivo vetó la ley que establecía transferencias automáticas de aportes a OSEF y la Caja Policial
El Poder Ejecutivo provincial vetó la ley sancionada por la Legislatura que proponía un sistema de transferencia inmediata de aportes y contribuciones destinados a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y a la Caja de Jubilación de la Policía.
La decisión fue formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador, en el que se sostiene que la norma invade competencias exclusivas del Poder Ejecutivo en materia de administración financiera y ejecución presupuestaria.
El proyecto aprobado por unanimidad en la Legislatura establecía que el Banco de Tierra del Fuego actuara como agente de retención obligatorio y automático de fondos provinciales de libre disponibilidad en caso de incumplimientos en el giro de aportes hacia la Caja Previsional del Personal Policial, la Caja Compensadora Policial y la OSEF.
Además, la iniciativa contemplaba la exclusión de las cuentas de OSEF del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) y la implementación de un régimen de mora e intereses punitorios entre organismos de la administración pública provincial.
En los fundamentos del veto, el Ejecutivo argumentó que la norma afecta atribuciones constitucionales del gobernador vinculadas a la coordinación y administración de los recursos públicos, en el marco del sistema de cuenta única previsto por la Ley Provincial N° 495.
El decreto advierte que la aplicación automática de retenciones y la exclusión de fondos del FUCO podrían generar “rigidez presupuestaria” y una afectación de la gestión financiera del Estado, comprometiendo su sostenibilidad y equilibrio económico.
Asimismo, se señala que la jurisprudencia vigente reconoce al Poder Ejecutivo amplias facultades en materia de administración financiera, incluyendo la adopción de medidas para garantizar la estabilidad fiscal.
El Gobierno también citó antecedentes del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, donde se cuestionaron intervenciones legislativas en decisiones de carácter presupuestario por considerar que corresponden al Poder Ejecutivo.
En esa línea, el decreto sostiene que la norma implicaba una intromisión en funciones exclusivas de administración y dirección de las finanzas públicas, en tensión con el principio de división de poderes.
Finalmente, el Ejecutivo remarcó que los entes autárquicos y descentralizados, como OSEF y la Caja Policial, integran la administración pública y continúan sujetos al régimen general de control estatal.