El Consejo Portuario Argentino cuestionó con dureza la intervención del puerto de Ushuaia y habló de “avance centralista” y “maniobras irregulares”
Su presidente advirtió que la medida sienta un precedente “extremo” para el sistema portuario nacional, denunció concentración de poder en organismos dependientes de Nación y sugirió posibles intereses políticos, económicos y geopolíticos detrás de la decisión.
La intervención del puerto de Ushuaia continúa generando repercusiones a nivel federal. Esta vez, el presidente del Consejo Portuario Argentino, José María —titular del ente que nuclea a todos los puertos públicos del país— lanzó fuertes críticas contra la decisión del Gobierno nacional y advirtió que se trata de un “avance del poder central sobre la autonomía y los recursos de las provincias”.
El dirigente, cuya organización reúne a las administraciones portuarias de todo el territorio argentino, sostuvo que la medida aplicada en Tierra del Fuego rompe con los mecanismos históricos de control y corrección que rigen para el resto del sistema.
“Somos un sistema portuario al servicio del país. Lo que ocurre en Ushuaia nos preocupa a todos, porque se avanza directamente sobre un puerto provincial sin agotar instancias previas”, señaló.
“Una intervención sin precedentes”
Según explicó, ante observaciones técnicas o administrativas, los puertos suelen recibir requerimientos formales y plazos de adecuación antes de cualquier sanción. Sin embargo, afirmó que en este caso se pasó “directamente a la instancia más extrema”.
“Como antecedente de una toma directa del puerto, en una noche y de forma intempestiva, no recuerdo ninguno. Esto es extremo”, remarcó.
El titular del consejo cuestionó además la actual estructura de control estatal, tras la reorganización de organismos nacionales vinculados a la actividad portuaria. A su entender, la nueva agencia que dispuso la intervención concentra funciones de denuncia, sanción y administración sin contrapesos efectivos.
“Hoy el mismo organismo que interviene es el que se controla a sí mismo. No hay un esquema claro de supervisión”, advirtió.
Fondos, trabajadores y falta de transparencia
Otro de los puntos críticos señalados fue el manejo de los recursos generados por la operatoria del muelle. El dirigente se preguntó quién fiscaliza el destino de los fondos que ahora recauda la Nación y cómo se garantizará el pago de salarios y la continuidad laboral del personal.
“¿Quién controla que esos ingresos vuelvan al puerto? ¿Qué pasa con los trabajadores que no pueden ingresar o con una terminal que opera con menos personal?”, planteó.
También puso en duda que los argumentos oficiales sobre deficiencias de infraestructura o presuntas irregularidades justifiquen una intervención total. “Si ese criterio se aplicara al resto de los puertos del país, casi todos estarían en la misma situación”, afirmó.
Sospechas políticas y geopolíticas
El dirigente fue más allá y deslizó posibles motivaciones políticas y estratégicas detrás de la decisión. Entre ellas, mencionó la presión sobre una provincia gobernada por un signo político distinto al nacional, la eventual búsqueda de privatizar la operatoria portuaria y hasta intereses geopolíticos vinculados a la ubicación estratégica de Tierra del Fuego.
“Ushuaia es un punto clave del Atlántico Sur, la Antártida y las rutas marítimas. Es ingenuo pensar que no hay intereses mayores en juego”, sostuvo, aunque aclaró que se trata de hipótesis personales.
Alcances del Consejo
El Consejo Portuario Argentino, aclaró, no tiene facultades institucionales para intervenir en decisiones gubernamentales, pero sí cumple un rol técnico y asesor. En ese marco, puso a disposición del gobierno provincial equipos legales y administrativos para colaborar en la defensa del puerto.
“Nos preocupa muchísimo el precedente que esto deja. Si hoy ocurre en Ushuaia, mañana puede pasar en cualquier provincia”, concluyó.
Mientras la causa avanza en la Justicia Federal, la controversia por la intervención excede el plano local y suma voces del sistema portuario nacional que alertan sobre un conflicto que, aseguran, pone en discusión el federalismo y la autonomía sobre los recursos estratégicos.