El Congreso de Bolivia autorizó al Gobierno a utilizar al Ejército para desbloquear rutas
El Congreso de Bolivia aprobó una ley que habilita al presidente Rodrigo Paz a emplear a las Fuerzas Armadas en operativos destinados a despejar las rutas bloqueadas por manifestantes, en medio de una crisis social y económica que lleva más de cinco semanas.
La iniciativa fue sancionada por la Cámara de Diputados tras una sesión de 15 horas y ya contaba con el aval del Senado. Ahora solo resta su promulgación por parte del Poder Ejecutivo.
Las protestas son encabezadas por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores que reclaman soluciones ante la grave situación económica que atraviesa el país y exigen la renuncia del mandatario. Los bloqueos afectan actualmente cerca de 80 puntos estratégicos de la red vial boliviana.
La medida llega mientras el Gobierno analiza la posibilidad de declarar el estado de excepción, una herramienta que permitiría ampliar el despliegue militar y restringir temporalmente derechos vinculados a las reuniones y manifestaciones públicas.
Los cortes de ruta provocaron dificultades en el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto. También se registran complicaciones en otras regiones como Cochabamba, Oruro y Potosí.
Uno de los artículos más debatidos de la ley establece que los efectivos militares y policiales que actúen durante el estado de excepción gozarán de “presunción de legalidad”, además de contar con respaldo jurídico del Estado ante eventuales denuncias por su actuación.
Durante el fin de semana se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la región de Santa Cruz, donde resultaron heridos seis policías y catorce civiles, según reportes oficiales.
El presidente Paz reiteró en varias oportunidades su convocatoria al diálogo, aunque hasta el momento las principales organizaciones que impulsan las protestas no aceptaron participar de una negociación. Mientras tanto, el Gobierno responsabiliza al expresidente Evo Morales por promover las movilizaciones, acusación que el líder indígena rechaza.