Los ingresos insuficientes y el temor a perder el trabajo se instalaron como las principales inquietudes de los argentinos, mientras la inflación dejó de ocupar el primer lugar entre los problemas mencionados por la población. Así lo señaló Diego Reynoso, investigador responsable de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés.
El relevamiento también reveló que el 70% de los consultados está disconforme con la situación general del país. En contrapartida, tres de cada diez personas expresaron una valoración positiva, mientras que la aprobación del Gobierno nacional se ubicó en el 35%.
Pese al elevado nivel de insatisfacción, Reynoso explicó en declaraciones a Splendid AM 990 que el respaldo a la administración de Javier Milei dejó de caer. “Desde hace cuatro meses que estamos así: se estabilizaron las evaluaciones que la gente hace con respecto al Gobierno”, afirmó.
El investigador diferenció este escenario de lo ocurrido entre octubre de 2025 y abril de 2026, cuando el oficialismo perdía aproximadamente un punto mensual de aprobación. Según consideró, mantener sin cambios esos indicadores durante cuatro meses representa una señal favorable para el Ejecutivo.
En cuanto a las demandas sociales, Reynoso sostuvo que el Gobierno consiguió reducir la preocupación vinculada con la inflación, pero ahora enfrenta un desafío diferente. “Emergen la preocupación por los salarios, que no alcanzan, y el miedo a perder el empleo o quedarse desempleado. Acá hay una nueva agenda de demandas”, advirtió.
De cara a las elecciones presidenciales de 2027, el estudio ubicó a Axel Kicillof como la figura con mayor adhesión dentro del electorado opositor. Sin embargo, el gobernador bonaerense todavía no consigue reunir el respaldo de todos los sectores, debido a la fragmentación existente entre las distintas expresiones políticas.
Dentro del oficialismo, Javier Milei y Patricia Bullrich aparecen como los dirigentes mejor valorados por sus simpatizantes. El escenario electoral permanece abierto y estará condicionado, principalmente, por la capacidad del Gobierno para responder a los reclamos por empleo e ingresos antes de que comience formalmente la disputa presidencial.