Los docentes de las universidades nacionales realizarán un nuevo paro de 48 horas el jueves 27 y viernes 28 de agosto, en el marco del conflicto con el Gobierno nacional por los salarios y el financiamiento del sistema universitario.
La medida fue convocada por los gremios nucleados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y tendrá como principal reclamo el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, que contempla, entre otros puntos, una recomposición salarial para el sector.
La nueva protesta se realizará pocos días después del paro que se extendió del 18 al 22 de agosto y afectó la actividad en universidades nacionales de distintos puntos del país.
Reclamo por los salarios
Uno de los principales ejes del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios. Según estimaciones difundidas por los gremios, la recomposición salarial pendiente se ubica entre el 28,5% y el 31,2%, a lo que se suma el retroactivo correspondiente desde la entrada en vigencia de la ley.
Además del paro, el sector anunció la instalación de las denominadas “Carpas por la Universidad y la Soberanía” frente al Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación de la Nación, y en otros puntos del país.
El conflicto judicial
La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario también generó una disputa judicial. Las universidades obtuvieron una medida cautelar que ordenó implementar la recomposición salarial prevista en la normativa, resolución que posteriormente fue confirmada por la Cámara de Apelaciones.
El Gobierno presentó recursos contra la decisión, pero el 25 de junio la Corte Suprema rechazó el último planteo oficial. De esta manera, la ejecución de la medida cautelar regresó al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, a cargo de Martín Cormick.
Reclamos en Córdoba
La situación también genera preocupación en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Este año, su Consejo Superior declaró la emergencia salarial de docentes y nodocentes, la emergencia presupuestaria y la emergencia en materia de becas estudiantiles.
La institución también reclamó la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades presupuestarias afectan las condiciones laborales y el desarrollo de proyectos académicos y científicos.