La Cámara de Diputados comenzará el próximo miércoles 30 de septiembre el tratamiento de la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa presentada por el Gobierno de Javier Milei que endurece las sanciones por la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, pero que también introduce modificaciones de amplio alcance en materia de defensa, inteligencia y seguridad nacional.
El proyecto ingresó al Congreso el 17 de septiembre y será analizado desde las 12 por un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El cronograma previsto apunta a completar la discusión y avanzar hacia la firma de dictámenes el martes 6 de octubre.
Penas de hasta 20 años por explotar recursos en Malvinas
Uno de los capítulos centrales reemplaza el régimen establecido por la Ley 26.659. La propuesta amplía las restricciones actualmente vinculadas principalmente con los hidrocarburos para alcanzar cualquier aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables realizado sin autorización argentina en Malvinas y otros espacios alcanzados por la iniciativa.
Las sanciones podrían llegar hasta los 20 años de prisión y alcanzar también a proveedores, socios, accionistas y controlantes de las compañías involucradas. Además, se contempla un registro público de infractores y restricciones para que las personas o empresas sancionadas puedan desarrollar actividades económicas o celebrar contratos en Argentina.
El endurecimiento de las medidas se produce mientras continúa la disputa por el proyecto petrolero Sea Lion. La reivindicación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes está contemplada en la primera disposición transitoria de la Constitución Nacional.
Una ley que incorpora cambios en defensa y seguridad
El texto no se limita a la cuestión de los recursos naturales. También propone crear un Consejo de Seguridad Nacional y modificar aspectos vinculados con la Defensa Nacional, la protección del espacio aéreo y marítimo, la influencia extranjera sobre la política argentina y el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El Consejo tendría funciones de coordinación en áreas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia. La iniciativa también establece herramientas para actuar ante determinadas amenazas externas y modifica el marco relacionado con la participación de la Defensa Nacional frente a amenazas estatales y no estatales.
Precisamente esos capítulos anticipan una discusión que excederá el consenso histórico que existe alrededor del reclamo argentino sobre Malvinas.
Marino calificó el proyecto como un “caballo de Troya”
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino cuestionó que las medidas específicamente relacionadas con Malvinas hayan sido incluidas dentro de un proyecto que también modifica el esquema de seguridad y defensa.
Marino calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” y sostuvo que existe una “extorsión política por Malvinas”, al considerar que reunir ambas cuestiones en una misma propuesta podría condicionar la posición de los legisladores. Se trata de la interpretación política del diputado opositor, mientras que el Gobierno presenta la iniciativa como un nuevo régimen integral para la defensa de la soberanía nacional.
Las objeciones no se limitan a Marino. Otros dirigentes opositores cuestionaron previamente la amplitud de la iniciativa y plantearon reparos sobre las modificaciones al sistema de seguridad y el rol de las Fuerzas Armadas.
Con esas diferencias planteadas, el miércoles comenzará una discusión legislativa que tendrá a Malvinas como uno de sus principales ejes, pero que también pondrá bajo análisis hasta dónde deberían llegar las nuevas atribuciones del Estado en materia de seguridad, inteligencia y defensa.