La Obra Social del Estado Fueguino analizará un procedimiento de emergencia para reclamar las deudas acumuladas por distintas dependencias públicas. La iniciativa contempla intimaciones administrativas, acciones judiciales y retenciones automáticas con el objetivo de recuperar recursos destinados a prestaciones médicas, medicamentos y tratamientos.
El proyecto fue presentado por el vocal titular por el sector pasivo, Horacio Gallegos, quien solicitó que sea incorporado con carácter prioritario al orden del día del Directorio. La propuesta plantea determinar, conciliar y certificar cada obligación antes de avanzar con su cobro.
Según el Estado de Situación RUPE, actualizado al 31 de julio de 2026, la facturación emitida y todavía impaga asciende a $11.369.930.467,38. Luego de computar las notas de crédito, el saldo neto pendiente se ubica en $10.707.092.057.
Del total adeudado, $8.891.260.556,42 corresponden a ejercicios anteriores a 2026, mientras que los restantes $1.815.831.500,58 fueron generados durante el año en curso.
Cuánto debe cada organismo
• Gobierno de Tierra del Fuego: $7.682.156.646,66.
• Municipalidad de Tolhuin: $410.147.810,55.
• Dirección Provincial de Vialidad: $406.822.263,24.
• Concejo Deliberante de Tolhuin: $146.601.437,64.
• Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial, sector pasivo: $88.461.470,85.
• Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Provincial, sector activo: $6.451.632,35.
Las deudas individualizadas en esos expedientes suman $8.740.641.261,29. La diferencia con el saldo general informado por el RUPE correspondería a otras acreencias pendientes incluidas en el balance consolidado de la obra social.
El procedimiento propuesto establece que, si los pagos no se regularizan por la vía administrativa, se inicien automáticamente las demandas correspondientes ante la Justicia provincial. También contempla solicitar al Banco de Tierra del Fuego que aplique retenciones sobre las remesas destinadas al Poder Ejecutivo, conforme a la Ley provincial Nº 1.627/2026.
“La demora en recuperar fondos legalmente correspondientes a la Obra Social no constituye una cuestión meramente financiera, puesto que compromete la salud y, en situaciones críticas, la vida de los afiliados”, advirtió Gallegos.
El representante de los jubilados sostuvo que la magnitud de las acreencias afecta directamente la capacidad de OSEF para garantizar su cobertura. Por ese motivo, pidió que el plan sea aprobado y ejecutado sin nuevas demoras.
La iniciativa también ordena a la Dirección Contable y a las demás áreas intervinientes elaborar, dentro de un plazo máximo de diez días hábiles, un informe integral y actualizado de todas las sumas pendientes de cobro.