Carlos Córdoba permanecerá excarcelado mientras el Superior Tribunal de Justicia analiza el recurso presentado por su defensa contra la condena que recibió. La medida no deja sin efecto la sentencia ni implica un pronunciamiento favorable sobre el fondo del expediente, sino que modifica únicamente su situación de detención mientras continúa el proceso de revisión.
La resolución establece que el dirigente sindical deberá cumplir determinadas pautas para conservar la libertad. Entre ellas, fijar domicilio, presentarse semanalmente en la comisaría correspondiente y no abandonar Tierra del Fuego ni salir del país sin autorización judicial.
Maximiliano Ercole, abogado defensor de Córdoba, explicó que tomó intervención en el caso una vez finalizado el juicio, cuando su representado ya se encontraba bajo prisión preventiva y todavía no se habían dado a conocer los fundamentos completos de la condena.
La defensa cuestionó desde un primer momento que continuara detenido sin una sentencia firme y presentó un pedido de excarcelación ante el Tribunal de Juicio. Ese planteo fue rechazado, al igual que el dictamen favorable a mantener la prisión preventiva formulado por el Ministerio Público Fiscal.
Tras esa decisión, los abogados recurrieron al Superior Tribunal de Justicia mediante una casación. Uno de los puntos principales fue la discusión sobre la existencia de riesgos procesales que justificaran mantener a Córdoba privado de su libertad.
Ercole sostuvo que “no se estaba respetando el principio de inocencia, que sólo puede ser derribado por una sentencia de condena firme” y aseguró que, desde la posición de la defensa, tampoco estaban demostrados un eventual peligro de fuga o la posibilidad de obstaculizar el proceso.
Otro de los aspectos cuestionados tiene relación con el criterio que permite considerar la magnitud de una condena todavía no firme como un elemento para presumir un eventual intento de evasión. Para el abogado, esa circunstancia por sí sola no resultaba suficiente para justificar la continuidad de la prisión preventiva.
También objetó que se mencionara un posible entorpecimiento de la investigación cuando el debate oral ya había concluido. “Cuando hay una sentencia de condena, no hay una investigación posterior, no hay una prueba que todavía no esté producida y que el imputado pueda tergiversar o intentar eliminar”, manifestó.
Durante el análisis de la prisión preventiva también se habría tenido en cuenta una presunta situación de intimidación vinculada con uno de los testigos. La defensa consideró que ese argumento tampoco alcanzaba para mantener la detención y sostuvo que debía aplicarse un criterio acorde con antecedentes del Superior Tribunal fueguino y de la Corte Suprema.
Más allá de la excarcelación, la discusión sobre la condena continuará por otra vía. Ercole aclaró que “la excarcelación de Carlos no modifica ni implica una subjetividad respecto de la sentencia de fondo”, por lo que el fallo continúa plenamente vigente mientras no exista una resolución definitiva sobre los recursos presentados.
La estrategia defensiva contra la condena está apoyada en tres cuestionamientos principales: una presunta defensa técnica ineficaz durante etapas anteriores, un planteo de nulidad relacionado con una actuación previa al juicio y objeciones respecto de la manera en que fueron evaluadas determinadas pruebas.
“La condena existe y no hay un fallo que ni la confirme, ni la revierta, ni la declare nula”, señaló Ercole al describir el estado actual del expediente.
El abogado indicó que la revisión del Superior Tribunal podría extenderse durante varios meses e incluso aproximarse a un año, aunque aclaró que no existe un plazo obligatorio para que el máximo órgano judicial provincial dicte una resolución.
En caso de que la condena sea confirmada, todavía podrían quedar disponibles otras instancias recursivas. Si finalmente la sentencia adquiriera firmeza, Córdoba debería volver a quedar detenido, computándose el período que ya permaneció privado de su libertad.
Mientras avance esa discusión judicial, Córdoba podrá continuar desarrollando su actividad sindical. Según explicó su defensor, las reglas impuestas para la excarcelación no establecen una prohibición concreta respecto de tareas gremiales o participación en manifestaciones.
“Si su actividad sindical no entorpece ni afecta a la actividad judicial, no tiene ninguna razón de ser una limitación”, afirmó Ercole.
La prohibición de salir de Tierra del Fuego podría, sin embargo, generar futuros planteos si Córdoba necesita viajar por cuestiones relacionadas con su actividad gremial. En esos casos, la defensa deberá solicitar autorización judicial y eventualmente podrá recurrir una negativa.
Respecto de Miguel Arana, el abogado aclaró que no interviene como su defensor. Señaló únicamente que tenía conocimiento de la existencia de un pedido de excarcelación presentado en su caso, aunque al momento de sus declaraciones Arana continuaba bajo prisión preventiva.
Ahora será el Superior Tribunal de Justicia el encargado de analizar los cuestionamientos formulados contra la sentencia. Hasta entonces, Córdoba permanecerá en libertad bajo las condiciones establecidas judicialmente, sin que ello altere por el momento la condena dictada en su contra.