Desmienten acusaciones de favoritismo y explica el sistema de coparticipación a los municipios
Yesica Flecha, Contadora General de la Provincia, respondió recientemente a las declaraciones de la Secretaría de Finanzas del Municipio de Río Grande respecto a la distribución de fondos provinciales. Flecha subrayó que la asignación de estos recursos se realiza bajo una normativa estricta, sin favoritismos y de acuerdo con la Ley 892, la cual regula el sistema de coparticipación provincial.
Rechazo a las acusaciones de quita de fondos
Flecha desmintió cualquier retención indebida de fondos, afirmando que no existen quitas ni preferencias en la distribución. Explicó que el proceso se rige por la normativa establecida en la Resolución Ministerial 298 de 2007, y señaló que la distribución se basa en la participación de cada municipio en la recaudación tributaria. «Cumplimos estrictamente lo que la normativa establece para la coparticipación de los recursos provinciales a los municipios fueguinos», reiteró Flecha, destacando que no existe margen para variaciones discrecionales.
Proceso anual de ajuste de coeficientes
Además, la contadora detalló el procedimiento por el cual se determinan los coeficientes de coparticipación cada año. «Antes de finalizar el primer trimestre, cada municipio debe presentar al Ministerio de Economía su ejecución presupuestaria del año anterior, debidamente supervisada por el órgano de control», explicó Flecha. Basándose en esta información, la Contaduría General calcula los coeficientes y ajusta la distribución de fondos, informando a los municipios de cualquier cambio necesario.
Reglas claras para la distribución de recursos
Flecha enfatizó que el Ministerio de Economía no tiene flexibilidad para modificar la distribución de fondos según sus intereses, ya que la Ley 892 establece un marco claro para el reparto equitativo de los recursos provinciales. Para ella, el sistema garantiza transparencia y evita posibles preferencias entre administraciones municipales.
Con estas aclaraciones, la Contadora General defendió la integridad del proceso de coparticipación, insistiendo en que se ajusta estrictamente a la normativa vigente y se basa en un cálculo objetivo ligado a la recaudación tributaria de cada municipio.