Desde Río Grande, la Multisectorial de Derechos Humanos criticó el fallo contra Cristina Fernández y denunció persecución política
La Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande se expresó con firmeza tras la reciente decisión de la Corte Suprema que ratificó la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. A través de un comunicado, el espacio manifestó su rechazo al fallo, al que calificó como parte de una estrategia de “prospección política” y como un “grave retroceso democrático”.
En el documento difundido públicamente, los integrantes de la Multisectorial señalaron que el contexto en el que se dio esta sentencia es clave para comprender su impacto. “Esta Corte, reducida a tres miembros, actúa con una clara orientación política y mantiene un preocupante silencio ante hechos de gran trascendencia institucional, como el DNU 70/2023 o la crisis social que afecta a miles de argentinos”, expresaron.
Además, se acusó al máximo tribunal del país de omitir su responsabilidad en la defensa de derechos sociales y laborales, así como de desatender las denuncias sobre el vaciamiento de políticas vinculadas a la Memoria, Verdad y Justicia. Según el comunicado, estas omisiones demuestran que “los intereses que defiende la Corte no son los del pueblo”.
La organización sostuvo también que el fallo contra la ex mandataria forma parte de un proceso de disciplinamiento hacia sectores políticos opositores. “Esta condena no puede leerse como un hecho aislado, sino como parte de un intento por acallar voces que aún tienen un amplio respaldo popular”, afirmaron.
El texto cuestiona la legalidad del proceso judicial, al señalar que no se garantizó el debido proceso ni la transparencia necesaria. “Difícilmente un organismo tan cuestionado pueda imponer una verdad creíble sobre los hechos investigados”, remarcaron.
En el cierre del comunicado, la Multisectorial hizo un llamado a la sociedad y a las organizaciones democráticas a estar alertas y a defender el sistema político como espacio legítimo de disputa de ideas. “La voluntad popular debe expresarse en las urnas, no ser silenciada por decisiones judiciales que responden a intereses concentrados”, concluyeron.