Denuncias de irregularidades en un colegio provincial: el fiscal exige una auditoría
El fiscal de Estado de Tierra del Fuego, Virgilio Martínez de Sucre, ha solicitado una auditoría integral en el Colegio Provincial Olga B. de Arko debido a las presuntas irregularidades detectadas en su administración. Esta decisión responde a una denuncia presentada recientemente que expone diversas anomalías ocurridas en el establecimiento educativo, además de la falta de avances en las investigaciones previas llevadas a cabo por el Ministerio de Educación.
La denunciante, quien se desempeñó como secretaria de la institución, señaló que en su momento identificó alrededor de quinientas altas y bajas pendientes en los sistemas administrativos, así como licencias no informadas durante dos años. También hizo referencia a decisiones cuestionables en la gestión de personal que habrían obstaculizado el normal funcionamiento del colegio. Estas presuntas irregularidades habrían tenido lugar durante las gestiones de Danilo Toniolo y María Villagrán como directores del establecimiento.
Además, la denunciante aseguró que fue objeto de vigilancia, hostigamiento y violencia psicológica por parte de otros agentes educativos, lo que derivó en solicitudes de cesantía en su contra, tanto por parte de la dirección del colegio como de una asociación sindical vinculada a algunos de los denunciados. También cuestionó el papel de la supervisión de nivel secundario, que habría impulsado la investigación sobre la designación de cargos en la gestión de Toniolo, pero no sobre la de Villagrán.
En su dictamen, Martínez de Sucre subrayó que ya en 2023 había instado a la ministra de Educación, Analía Cubino, a resolver los sumarios administrativos vinculados a situaciones similares. Sin embargo, al requerir información sobre el estado de dichas investigaciones, se encontró con que los avances han sido mínimos, lo que evidencia una gestión deficiente en la tramitación de los procedimientos disciplinarios.
El fiscal remarcó que, si bien las nuevas autoridades ministeriales han manifestado su intención de esclarecer las denuncias y regularizar la situación administrativa del colegio, hasta el momento no se ha logrado un avance significativo. Por ello, exhortó al ministro de Educación a intervenir directamente en el caso y agilizar la tramitación de los expedientes pendientes para evitar mayores dilaciones.
Como medida complementaria, Martínez de Sucre consideró indispensable la realización de una auditoría integral en la institución educativa. Este proceso buscará identificar las causas de los desórdenes administrativos y proponer soluciones que permitan normalizar la gestión del establecimiento. La auditoría se centrará en aspectos como la administración de fondos, la documentación, el cumplimiento de normativas en la cobertura de cargos y los procedimientos de altas, bajas y licencias del personal.
Finalmente, el fiscal indicó que las conclusiones derivadas de la auditoría deberán ser incorporadas en las actuaciones sumariales, con el objetivo de determinar la posible existencia de infracciones o incumplimientos normativos. En caso de ser necesario, se evaluará la aplicación de sanciones correspondientes, siempre respetando el debido proceso y el derecho de defensa de los involucrados. La intención es garantizar la transparencia en la gestión educativa y evitar que estas irregularidades continúen afectando el servicio brindado a la comunidad escolar.