Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal en lo Penal Económico apunta contra directivos, administradores y representantes de compañías internacionales acusadas de extraer recursos del mar argentino mediante permisos otorgados por las autoridades británicas que ocupan las Islas Malvinas.
La presentación fue impulsada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano. El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7, encabezado por el juez Juan Pedro Galván Greenway.
Los denunciantes sostienen que las operaciones comprometen la soberanía argentina, perjudican el patrimonio estatal y eluden los controles correspondientes sobre los recursos existentes dentro de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva. Según el planteo, las capturas serían exportadas, trasladadas en alta mar o descargadas en Puerto Argentino y terminales de terceros países sin intervención de la Aduana argentina.
Entre las compañías señaladas aparecen firmas españolas, principalmente gallegas, vinculadas con sociedades constituidas en Malvinas. La denuncia menciona a Lanzal y Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira y Argos Group Ltd.; Pescapuerta y South Atlantic Squid; Copemar; Ferralmes y Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza y Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, asociada con Polar Ltd.
El documento también identifica embarcaciones presuntamente utilizadas en estas actividades, entre ellas Monteferro, Argos Cíes, Argos Berbés, Falcon, Prion, Robin M. Lee, Hadassa Bay, Castelo, Hermanos Touza y New Polar Playa de Sartaxens. Varias navegarían con registro de las islas o combinando banderas extranjeras.
Para los abogados, el uso de licencias emitidas por la administración británica constituiría una maniobra destinada a impedir la fiscalización nacional, evitar el pago de derechos de exportación y desconocer las normas cambiarias argentinas. Por esa razón, solicitaron investigar posibles delitos de contrabando y exportación clandestina, con los agravantes previstos en el Código Aduanero.
La presentación también pidió establecer si funcionarios nacionales omitieron realizar tareas de vigilancia, patrullaje o persecución de estas operaciones. Para reunir pruebas, se reclamaron informes a la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP sobre el movimiento de las flotas; a la Dirección General de Aduanas, para verificar exportaciones y aranceles; y a la Inspección General de Justicia, con el propósito de reconstruir los vínculos y activos de las empresas en el territorio continental.
El caso pesquero se conoce mientras avanzan otras denuncias relacionadas con la explotación hidrocarburífera en Malvinas. Según informó Infobae, la Cancillería identificó a 27 empresarios y directivos vinculados con proyectos petroleros e incorporó a distintas compañías extranjeras a las actuaciones que tramitan ante el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py.