Denuncian exclusión en el transporte de discapacidad: un chofer se negó a trasladar a un niño en silla de ruedas
Una grave denuncia por discriminación sacude al sistema de transporte contratado por el área de Discapacidad de Tierra del Fuego. Claudia, madre de un niño con discapacidad motriz, relató públicamente que su hijo fue rechazado por un chofer debido a que se moviliza en silla de ruedas.
La situación se produjo luego de que el conductor habitual, que sí venía realizando el traslado sin inconvenientes, sufriera un desperfecto mecánico. Ante eso, se designó un reemplazo que solo cumplió con el servicio un día y luego se negó a continuar alegando que no estaba capacitado ni autorizado para asistir a personas en esas condiciones.
“Me dijeron que no podía alzarlo, que no le podían hacer upa. Hoy consulté si tenía transporte y me informaron que no, porque el nuevo chofer decidió no hacer más ese traslado por la silla de ruedas”, expresó con indignación Claudia en declaraciones radiales. La madre cuestionó duramente al Estado provincial: “¿Cómo puede ser que se contraten personas que no están dispuestas a garantizar derechos básicos?”.
Ante esta respuesta, la mujer acudió nuevamente al Juzgado para solicitar una intervención formal. “El problema es que al ser un chofer particular, puede poner sus propias condiciones. Pero el Estado no puede contratar a alguien que rechace trasladar a una persona por su discapacidad”, sostuvo.
La denuncia no solo apunta a esta situación puntual, sino a una serie de falencias estructurales. Según Claudia, no es la primera vez que su hijo enfrenta barreras para acceder a servicios básicos que deberían estar garantizados.
También cuestionó a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), a la que responsabilizó por demoras y falta de respuestas en gestiones esenciales. “Todos los días tengo que estar detrás para que hagan las derivaciones, para que compren insumos médicos. Si no hay presión judicial, no se mueve nada. El sistema no responde a las personas”, denunció.
Claudia remarcó que, tras la disolución del INADI, las situaciones de vulneración de derechos quedan muchas veces desprotegidas: “Es tierra de nadie. El Estado se desentiende, y mientras tanto las familias seguimos solas”, concluyó.