La Justicia de Ushuaia resolvió que Francisco Álvarez Ruiz, el joven de 23 años que fue detenido luego de intentar llevarse por la fuerza a una alumna de 12 años frente a un establecimiento educativo, no podrá ser juzgado penalmente debido a su estado de salud mental. La decisión se adoptó tras conocerse los resultados de una evaluación realizada por especialistas forenses, quienes determinaron que no tenía capacidad para comprender la criminalidad de sus actos.
El Juzgado de Instrucción Nº 3 dispuso su sobreseimiento y ordenó que sea trasladado al Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, donde permanecerá internado bajo custodia policial. La medida responde a la evaluación de los profesionales, quienes advirtieron la existencia de un riesgo cierto e inminente tanto para el propio acusado como para otras personas.
La resolución judicial se conoció pocos días después del violento episodio ocurrido el lunes 2 de noviembre en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU), donde el hombre intentó interceptar a una estudiante con la que previamente había mantenido comunicaciones a través de redes sociales.
Según la reconstrucción de los hechos incorporada a la investigación, Álvarez Ruiz había viajado desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego con la intención de encontrarse con la menor. Una vez frente al establecimiento, intentó sujetarla y llevársela por la fuerza cuando la niña se encontraba junto a otros estudiantes.
La intervención de sus compañeros permitió que la víctima lograra escapar y refugiarse dentro del colegio. Sin embargo, el hombre continuó con su comportamiento violento y rompió el vidrio de una de las puertas mientras intentaba ingresar al edificio.
La situación motivó la intervención policial y terminó con su detención, mientras la comunidad educativa atravesaba momentos de preocupación por lo ocurrido.
El caso tenía antecedentes que se remontaban a julio de este año, cuando la familia de la menor había denunciado que el acusado mantenía conductas de acoso mediante Instagram.
De acuerdo con la investigación, utilizaba diferentes perfiles falsos para continuar enviando mensajes pese a los bloqueos realizados por la niña y su entorno familiar. También se habían registrado amenazas dirigidas a otros estudiantes, lo que dio lugar a distintas actuaciones judiciales.
Los expedientes vinculados con el grooming, las amenazas y el episodio ocurrido frente al colegio fueron posteriormente unificados a pedido del Ministerio Público Fiscal, permitiendo analizar conjuntamente las conductas atribuidas al acusado.
Durante la investigación, la Justicia ordenó distintas medidas destinadas a esclarecer lo sucedido, entre ellas el secuestro de dispositivos electrónicos y la realización de evaluaciones especializadas sobre el estado de salud mental del detenido.
Finalmente, los informes interdisciplinarios concluyeron que Álvarez Ruiz presentaba un padecimiento que, al momento de los hechos, le impedía comprender la criminalidad de sus acciones y dirigir su conducta conforme a esa comprensión.
A partir de esa conclusión, el magistrado aplicó lo establecido en el artículo 34, inciso primero, del Código Penal argentino, que contempla la inimputabilidad cuando una persona, por determinadas alteraciones de sus facultades, no puede comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.
La decisión no implica que la Justicia haya descartado los hechos investigados. Por el contrario, la resolución consideró acreditada la intervención del acusado en los episodios analizados, que fueron encuadrados como grooming, amenazas, tentativa de rapto, daños y amenazas coactivas, dentro de un contexto de violencia de género.
Sin embargo, al determinarse su inimputabilidad, el proceso penal concluyó con el sobreseimiento y no avanzará hacia un juicio que pueda derivar en una condena.
En cuanto a su situación actual, el hombre deberá permanecer internado en el Hospital Regional Ushuaia bajo supervisión médica y custodia policial. La continuidad de la medida dependerá de las evaluaciones profesionales y del control judicial correspondiente.
La resolución establece que la internación se mantendrá hasta que se determine que existen condiciones clínicas para disponer su alta, bajo la intervención del Juzgado de Ejecución y los organismos competentes.
De esta manera, el caso que generó una fuerte preocupación en Ushuaia tuvo una resolución penal basada en la evaluación psiquiátrica del acusado, aunque continuará bajo control judicial mediante una medida de seguridad destinada a prevenir nuevos riesgos.