El Tribunal de Cuentas de la provincia se encuentra en el centro del debate público tras la difusión de documentación que expone gastos de representación y consumos realizados por sus autoridades. Las cifras incluyen montos elevados en almuerzos, viáticos y otras erogaciones, lo que ha generado preocupación por el nivel de recursos públicos involucrados.
Según registros oficiales, en determinadas jornadas se habrían realizado consumos que superan los $400.000 en restaurantes, con menús de alta gama, y adicionales en cafés y productos de pastelería que rondan los $100.000. Estos gastos se enmarcan dentro de los fondos asignados al funcionamiento del organismo, responsable de auditar y controlar el uso de recursos públicos en la provincia.
También ha llamado la atención el nivel salarial de los vocales del Tribunal, que perciben haberes mensuales que superan los $11 millones, lo que ha motivado comparaciones con otras funciones estatales de alta jerarquía.
El organismo tiene como misión principal la fiscalización contable y financiera del Estado provincial, y sus integrantes gozan de independencia funcional y autonomía. No obstante, distintos sectores sociales han planteado la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y justificación del gasto, especialmente cuando se trata de fondos públicos destinados a cubrir funciones institucionales.
La discusión actual no pone en tela de juicio la labor que desarrolla el Tribunal como órgano de control, sino que apunta a revisar y actualizar los criterios de asignación y utilización de recursos en un contexto que exige austeridad y rendición de cuentas.