Después de más de cuatro meses sin avances, el Senado retomará la discusión de la Reforma Electoral. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el senador fueguino Agustín Coto, fue convocada para el martes 15 de septiembre. La eliminación de las PASO aparece como el principal punto de conflicto y el oficialismo todavía no tendría los votos necesarios para aprobarla.
La Reforma Electoral volverá a ocupar un lugar central en la agenda del Senado. Tras más de cuatro meses desde la primera reunión informativa, la Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el análisis de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, con una reunión prevista para el martes 15 de septiembre a las 15.30 en el Salón Arturo Illia.
El encuentro tendrá una particular relevancia para Tierra del Fuego, ya que la comisión está encabezada por el senador fueguino Agustín Coto, quien había anticipado durante la última sesión ordinaria que el tratamiento sería reactivado.
La decisión de volver a poner el proyecto en discusión se produjo luego de las definiciones adoptadas por la mesa política del Gobierno. La intención es avanzar con el análisis capítulo por capítulo, mientras continúan las negociaciones entre La Libertad Avanza y sectores aliados.
Las PASO, el principal obstáculo para el oficialismo
Uno de los capítulos que presenta mayores dificultades es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. La intención del oficialismo es avanzar con su eliminación, aunque por el momento no reuniría los respaldos suficientes dentro de la Cámara alta.
Desde sectores de la UCR y el Pro mantienen reparos sobre ese punto, lo que obliga a La Libertad Avanza a continuar las conversaciones antes de llevar una eventual modificación al recinto.
La presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, quedó al frente de parte de las negociaciones con las fuerzas que podrían aportar los votos necesarios. En paralelo, el Gobierno buscó acercar posiciones con gobernadores mediante alternativas como la implementación de boletas colectoras, aunque esa posibilidad no logró hasta ahora destrabar la discusión.
La modificación de la legislación electoral requiere una mayoría absoluta, por lo que el oficialismo necesita alcanzar 37 votos en el Senado. Actualmente, la eliminación de las PASO se encuentra lejos de ese respaldo, aunque volverá a formar parte de las discusiones cuando se reúna la comisión que conduce Coto.
Cambios para crear y mantener partidos políticos
La iniciativa contempla además una modificación de las condiciones que deben cumplir las agrupaciones políticas. Entre los puntos propuestos aparece un endurecimiento de los requisitos de afiliación y mayores controles judiciales.
Para constituir un partido se exigiría una cantidad mínima de afiliados equivalente al 0,5% del padrón electoral correspondiente al distrito, dentro de los límites previstos por la normativa.
En el caso de las fuerzas de alcance nacional, el proyecto establece presencia en al menos diez distritos y un determinado número de afiliaciones en todo el territorio argentino. También plantea modificaciones para el funcionamiento de alianzas, fusiones, confederaciones y elecciones internas.
Boleta Única y Ficha Limpia, otros ejes de la reforma
Otro de los capítulos establece cambios en la utilización de la Boleta Única de Papel. La propuesta contempla su aplicación para todas las categorías, la incorporación de fotografías de los candidatos y alternativas para seleccionar individualmente cada categoría o votar una lista completa.
El proyecto también incluye el régimen conocido como Ficha Limpia, destinado a impedir candidaturas de personas condenadas por delitos dolosos cuando exista una sentencia confirmada en segunda instancia. Además, prevé la creación de un registro público bajo responsabilidad de la Cámara Nacional Electoral.
Financiamiento, redes sociales y campañas
La Reforma Electoral también busca modificar las reglas sobre financiamiento político. Entre otras medidas, contempla mecanismos de control sobre los aportes privados durante las campañas y nuevas exigencias respecto de la información que deberán presentar los partidos.
La regulación de la actividad electoral en redes sociales y plataformas digitales constituye otro de los puntos incluidos. Se propone establecer un registro oficial de las cuentas utilizadas por partidos y candidatos, además de nuevas disposiciones sobre publicidad política digital.
Respecto de los tiempos electorales, las campañas comenzarían 60 días antes de los comicios y finalizarían 48 horas antes de la votación. También se establecerían restricciones para la realización de actos de gobierno con fines electorales durante los 25 días previos.
Finalmente, la iniciativa contempla cambios para el Parlasur: se suspendería la elección directa de sus integrantes, que pasarían a ser designados entre diputados nacionales y no percibirían una remuneración adicional por esa función.
Con este escenario, el próximo 15 de septiembre la comisión encabezada por Agustín Coto volverá a poner en marcha una discusión que permanecía frenada desde hace más de cuatro meses. El desafío inmediato para el oficialismo será determinar hasta dónde puede avanzar con los distintos capítulos y, especialmente, si logra reunir nuevos respaldos para modificar el sistema de las PASO.