Continúan detenidos los hermanos Lucero pese a excarcelación parcial por pedido de extradición desde Córdoba
Dos de los tres hombres detenidos por un violento episodio ocurrido el pasado 15 de abril en un departamento de la calle Garibaldi al 3200, en el barrio Chacra IV de Río Grande, recibieron una orden de excarcelación emitida por la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones. Sin embargo, permanecen privados de libertad a raíz de un proceso de extradición iniciado por la justicia de Córdoba.
Se trata de Juan José Lucero, de 39 años, y Julián Jeremías Lucero, de 25, quienes están imputados en esa provincia por un robo agravado con arma de fuego, hecho que tuvo lugar meses atrás. La causa que pesa sobre ellos motivó que el Juzgado de Control y Faltas de Octava Nominación cordobés analizara su traslado.
Por su parte, Leonel Agustín Lucero, de 30 años, no fue incluido en la excarcelación. Esto se debe a que enfrenta una causa propia en Tierra del Fuego por un grave incidente ocurrido durante su paso por el sindicato municipal ASOEM, cuando habría efectuado un disparo contra otra persona. El expediente aún espera fecha para juicio oral.
Según fuentes judiciales, el juzgado cordobés aún cuenta con un plazo pendiente para formalizar el pedido de extradición. Hasta entonces, la situación procesal de los hermanos Lucero se mantiene sin cambios.
Cabe recordar que la detención inicial tuvo lugar tras una agresión a personal policial, generando un fuerte operativo en el mencionado complejo habitacional. A partir de ese hecho se reactivaron diversas causas penales que involucraban a los detenidos en distintas jurisdicciones del país.
La continuidad de la detención fue avalada por la Justicia fueguina, aunque con competencias limitadas respecto de los delitos cometidos en Córdoba, cuya extradición deberá ser resuelta próximamente.
Los tres hermanos permanecen alojados en una dependencia local mientras se aguarda la decisión de la justicia mediterránea. Las autoridades del sistema judicial fueguino se encuentran en contacto con sus pares de la provincia de Córdoba, en un proceso que podría extenderse en función de las evaluaciones que se realicen sobre los antecedentes de los imputados.
Este caso evidencia, una vez más, los desafíos que enfrenta el sistema penal al tener que coordinar causas interprovinciales y de diversa gravedad, lo que suele generar demoras y tensiones jurisdiccionales en cuanto a la definición de responsabilidades y plazos procesales.
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