Condenaron a un integrante del BIM 5 por abusar de su hermana y el Tribunal advirtió sobre presiones familiares a la víctima
El Tribunal de Juicio en lo Criminal dio a conocer los fundamentos de la condena a ocho años de prisión impuesta a un joven de 23 años, identificado como S.G., integrante del BIM N°5, hallado culpable de abusar sexualmente de su hermana menor en reiteradas oportunidades desde que la víctima era niña.
La sentencia había sido dictada el pasado 22 de abril por el Tribunal presidido por la jueza Verónica Marchisio, que lo condenó por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, cometido en dos oportunidades.
En los fundamentos, los magistrados explicaron por qué decidieron no otorgar credibilidad a la retractación realizada por la víctima durante el juicio oral.
“Todo confluye en un mismo sentido, todo concuerda, todo señala una única hipótesis posible. Que se entienda claro: los hechos sucedieron y el imputado fue el autor”, sostuvieron.
El Tribunal remarcó además que la retractación “no se trató de una fabulación” ni de una conducta vinculada a trastornos de personalidad, sino de una situación atravesada por la vulnerabilidad emocional y la presión ejercida por el entorno familiar.
“Todos los psicólogos concordaron en que se originó en la vulnerabilidad de la víctima y en la presión que ejerció su familia para lograr la liberación del acusado”, señalaron los jueces.
En ese sentido, afirmaron que la joven se encontraba “desbordada por sus carencias y la presión familiar”, y consideraron que la retractación fue consecuencia de “una presión sofocante” que terminó afectando su capacidad de sostener la acusación.
Durante el análisis de la prueba, el Tribunal sostuvo que el relato de la víctima fue “claro” y que nada de lo escuchado durante el debate permitió poner en duda ni la existencia de los hechos ni la responsabilidad del acusado.
Como agravante, los magistrados destacaron que el condenado “desdibujó la idea de hogar”, transformándolo “en un lugar sombrío” para la víctima.
Además de la pena de prisión, el Tribunal ordenó la intervención del Juzgado de Familia y Minoridad para garantizar el resguardo físico y psicológico de la joven y el acompañamiento durante su embarazo actual.
También dispuso que el Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia provincial y la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad implementen medidas de asistencia, orientación y contención.
En la resolución, los jueces advirtieron expresamente a los familiares de la víctima que deberán abstenerse de realizar actos que afecten su integridad física o psicológica, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.