El Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego dictó condenas contra tres personas en una causa que investigó, en Río Grande, la venta de cocaína y el funcionamiento de un inmueble donde mujeres eran explotadas económicamente mediante el ejercicio de la prostitución.
La resolución fue adoptada el pasado 25 de agosto mediante un juicio abreviado y estuvo a cargo de la jueza Ana María D’Alessio, quien intervino como tribunal unipersonal. Las penas alcanzaron hasta los cuatro años y ocho meses de prisión.
La investigación había comenzado más de cinco años atrás y permitió reconstruir dos actividades delictivas que, según determinó la Justicia Federal, estaban vinculadas a los condenados: por un lado, la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de entrega y, por otro, la obtención de beneficios económicos a partir de la prostitución ejercida por otras mujeres.
Las condenas dictadas por la Justicia Federal
Juan Manuel Montivero, de 52 años, recibió la pena más elevada: cuatro años y ocho meses de prisión y una multa de $30.000. Fue considerado autor del delito de comercio de estupefacientes y partícipe secundario en dos hechos de explotación del ejercicio de la prostitución ajena.
Su pareja, María Ysabel Del Rosario Pérez, de 39 años y nacionalidad dominicana, fue condenada a cuatro años y cinco meses de prisión, además de una multa de $60.000. La sentencia le atribuyó responsabilidad en dos hechos de explotación sexual y una participación secundaria en la comercialización de drogas.
La tercera condenada fue Denise Rodríguez Castillo, de 47 años y nacionalidad colombiana. En su caso, recibió tres años de prisión de ejecución condicional y una multa de $30.000 por su intervención secundaria en los hechos vinculados con la explotación.
Una denuncia puso en marcha la investigación
El origen de la causa se remonta a abril de 2021, cuando la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO), organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recibió información sobre una posible estructura dedicada a comercializar estupefacientes en Río Grande.
Las sospechas apuntaron inicialmente hacia Montivero. De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado una agencia de automóviles como cobertura mientras desarrollaba la venta de drogas.
Las tareas posteriores permitieron determinar que se desplazaba habitualmente en un Fiat Siena y que realizaba entregas de pequeñas cantidades de estupefacientes. Las pruebas incorporadas posteriormente, entre ellas intervenciones telefónicas, permitieron establecer que concretaba operaciones y llevaba personalmente la droga hasta los compradores.
La causa estuvo encabezada por el fiscal federal Marcelo Rapoport, de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, y contó con la participación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). En la instancia correspondiente al acuerdo de juicio abreviado también intervino la fiscal federal María Lía Hermida.
El inmueble donde funcionaba el “privado”
Mientras avanzaban las medidas investigativas apareció una segunda línea dentro del expediente. Los investigadores establecieron que Montivero y Pérez alquilaban una propiedad en la que funcionaba un denominado “privado”, donde dos mujeres brindaban servicios sexuales.
La Justicia determinó que Pérez tenía un papel central en la administración del lugar. Además de alquilar el inmueble, manejaba los cobros y utilizaba un dispositivo de Mercado Pago para recibir dinero proveniente de la actividad.
Una de las mujeres reconocidas posteriormente como víctima declaró que debía entregar aproximadamente el 30% del dinero obtenido por cada “pase”, a lo que se agregaba otro porcentaje de las consumiciones realizadas por los clientes.
Rodríguez Castillo, por su parte, cumplía funciones de menor relevancia dentro de esa estructura. Entre las tareas atribuidas se encontraban la atención del teléfono, la comunicación con potenciales clientes y el suministro de información sobre precios, servicios y ubicación.
Cocaína, dinero y una balanza durante los allanamientos
La investigación derivó durante 2022 en cuatro allanamientos y en la detención de los principales involucrados.
En uno de los domicilios fueron secuestradas distintas cantidades de cocaína, parte de ella ya fraccionada y otra en estado sólido. Los procedimientos también permitieron encontrar una pequeña cantidad de marihuana, dinero en efectivo, una balanza de precisión y preservativos.
En otra de las propiedades fueron localizadas las dos mujeres que finalmente fueron reconocidas judicialmente como víctimas de explotación. En ese lugar también se incautaron elementos relacionados con la actividad sexual.
El conjunto de las pruebas permitió diferenciar las funciones que, según la Justicia, tenía cada integrante: Montivero estaba principalmente vinculado con la venta y distribución de los estupefacientes, mientras que Pérez tenía una intervención ocasional en esa actividad y un papel más importante en la administración del “privado”.
Restricciones, vehículos decomisados y dinero para víctimas de trata
Además de las penas, Montivero y Pérez tendrán prohibido mantener contacto o acercarse a las víctimas. Tampoco podrán salir de Tierra del Fuego ni del país y deberán presentarse cada quince días ante la Policía Federal Argentina en Río Grande. Asimismo, tendrán que mantener un domicilio establecido y comunicar cualquier modificación.
Rodríguez Castillo deberá cumplir diferentes reglas de conducta debido a que su condena es de ejecución condicional. Entre ellas se encuentran fijar residencia, permanecer bajo control de la autoridad correspondiente, no cometer nuevos delitos, abstenerse del consumo de drogas y del abuso de alcohol y no mantener contacto con las víctimas.
La sentencia también dispuso el decomiso de teléfonos celulares, un Fiat Siena, un Honda Civic y dinero incautado durante la investigación.
Los $415.590 y US$292 secuestrados serán destinados al Programa Nacional de Reparación Integral a Víctimas de Trata de Personas. Asimismo, las dos mujeres fueron reconocidas formalmente como víctimas de explotación y se ordenaron medidas destinadas a garantizar la restitución de sus derechos.