Cocaína líquida en Ushuaia: seis acusados de integrar una red narco podrían ir a juicio
Una investigación que comenzó con un control de equipaje en el aeropuerto de Ushuaia permitió descubrir una presunta organización dedicada al traslado de drogas desde Buenos Aires hacia Tierra del Fuego y Chubut. Ahora, la Fiscalía Federal de Morón solicitó que seis de los acusados sean llevados a juicio oral.
El caso se remonta a febrero de 2024, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectaron una situación sospechosa durante un procedimiento realizado en la terminal aérea de la capital fueguina.
Al inspeccionar el equipaje de una pasajera mediante un escáner, los agentes descubrieron una botella que contenía cocaína en estado líquido. Ese hallazgo fue el punto de partida de una investigación que posteriormente se extendió fuera de Tierra del Fuego.
Con el avance de las actuaciones, los investigadores reconstruyeron el funcionamiento de una presunta estructura que tendría su base operativa en Ramos Mejía, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la acusación fiscal, la cocaína habría sido adquirida en Bolivia y trasladada posteriormente hasta una vivienda de Ramos Mejía. En ese lugar habría funcionado un laboratorio clandestino donde la sustancia era sometida a distintos procedimientos químicos para transformarla en líquido.
El objetivo habría sido dificultar su detección durante los controles. Para ello, la droga era colocada en botellas de vino y también en recipientes correspondientes a productos cosméticos.
Una vez preparada, la sustancia era entregada a personas encargadas de trasladarla hacia distintos destinos del sur del país, principalmente Tierra del Fuego y Chubut. La investigación también señala que la estructura habría sido utilizada para realizar envíos de metanfetaminas.
Según la Fiscalía, las maniobras investigadas se habrían desarrollado al menos entre abril de 2022 y septiembre de 2024. Dentro de la organización existía, presuntamente, una división de funciones relacionadas con el almacenamiento, preparación, fraccionamiento, transporte y posterior comercialización de las drogas.
Uno de los puntos particulares de la investigación está relacionado con las personas que realizaban los traslados. La acusación sostiene que al menos cuatro habrían sido captadas aprovechando situaciones de vulnerabilidad económica y social.
Por ese motivo, la Fiscalía analiza su situación no solamente como personas utilizadas para transportar estupefacientes, sino también como posibles víctimas de trata. Entre los factores considerados aparecen dificultades económicas y habitacionales, precariedad laboral, situaciones de violencia de género y responsabilidades familiares.
En consecuencia, algunos de los imputados enfrentan además acusaciones relacionadas con trata de personas agravada, bajo la hipótesis de que existió un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de quienes eran utilizados para realizar los viajes.
Mientras seis personas quedaron en condiciones de ser llevadas a juicio, quien aparece señalado como presunto jefe de la organización continúa prófugo. Se trata de un ciudadano colombiano sobre quien permanece vigente una orden de captura.
La pesquisa también detectó otras posibles maniobras vinculadas con documentación y cuentas pertenecientes a terceros, líneas telefónicas registradas a nombre de otras personas, vehículos robados y presunto lavado de activos.
Paralelamente, continuará una línea investigativa sobre posibles vínculos externos de la organización, entre ellos eventuales contactos con miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales que habrían suministrado información. Estas sospechas todavía se encuentran bajo investigación y no integran los hechos que actualmente se pretende llevar a juicio.
La causa tuvo sus primeras actuaciones en la Justicia Federal de Ushuaia y posteriormente intervino la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia. En julio de 2025, luego de una decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el expediente pasó a la jurisdicción federal de Morón.
Tras nuevas medidas, ampliaciones de las imputaciones y procesamientos, la fiscal federal Mariela Labozzetta solicitó ahora la elevación a juicio respecto de seis acusados, mientras continúa la búsqueda del presunto líder de la organización.
