Un contrato por diez años que puso en manos de una empresa privada la administración de aportes metalúrgicos y pagos de la obra social de la UOM motivó la citación a indagatoria de Abel Furlán y Soledad Calle. El desplazado secretario general del gremio y la exempleada sindical deberán presentarse el 17 de noviembre a las 10.30 en los tribunales de Comodoro Py. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 10 investiga si el acuerdo benefició indebidamente a USEM SA y causó un perjuicio económico al sindicato y a su obra social, OSUOMRA.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el doble vínculo de Calle al momento de la contratación. El 27 de febrero de 2023, cuando la UOM y su obra social firmaron el convenio, Calle trabajaba en el área de Relaciones Internacionales del gremio y era accionista y directora suplente de USEM. La firma se había constituido apenas 82 días antes. Su otro accionista era Adalberto Braconi, presidente de la compañía y también citado a declarar.
Según la resolución judicial, en el expediente no hay constancias de que se hayan comparado precios o solicitado ofertas a otras empresas. USEM administraba el 80% de los aportes de unos 200.000 afiliados y cobraba como honorarios el equivalente al 0,5% del total aportado. Las cifras difundidas ubican esos pagos en torno a los $2.466 millones hasta julio de 2026. El juzgado encontró indicios de que la firma recibía instrucciones y cargaba operaciones, pero consideró insuficiente la documentación para acreditar que también auditaba y validaba los pagos, dos tareas previstas en el acuerdo.
Calle rechazó públicamente los señalamientos. “No tengo ninguno de los roles que se me asigna, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos”, expresó. Además de Furlán, Calle y Braconi, fueron convocados a indagatoria los dirigentes metalúrgicos Osvaldo Lobato, Naldo Brunelli y José Luis Ortiz.
El juez Julián Ercolini dispuso la inhibición general de bienes de los seis imputados y de la obra social. También ordenó bloquear cajas de seguridad e impedir cambios en la composición accionaria de USEM. Otra medida apunta a determinar cómo se financiaron los viajes al exterior que realizaron los acusados durante la vigencia del contrato.
La investigación por presunta administración infiel cobró impulso tras la intervención sindical de mayo. En una causa electoral, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había anulado los comicios de la seccional Zárate-Campana y el congreso nacional que reeligió a Furlán. A raíz de una impugnación de la Lista Naranja de Campana, el tribunal desplazó a la conducción nacional y designó al abogado Alberto Biglieri como interventor por 180 días.