Cierre de oficinas fiscales y despidos: situación crítica para trabajadores y contribuyentes
El ajuste impulsado por el gobierno y su impacto en el sector público fueron el eje central de la denuncia realizada por Andrés Molina, vocal de la mesa nacional de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (ARCA). En diálogo con Radio Provincia, Molina expresó su preocupación por el cierre de oficinas fiscales en todo el país, la pérdida de puestos de trabajo y la incertidumbre que afecta tanto a los empleados como a los contribuyentes.
Según Molina, las decisiones del gobierno van más allá de los recortes salariales y el cierre de dependencias: están generando un proceso de debilitamiento de la estructura del Estado. La medida más reciente, que afecta a más de 650 empleados, es el cierre de 35 receptorías y 38 distritos a nivel nacional, lo que ha dejado sin servicios vitales a muchas localidades. «En lugares como Calafate o Puerto Deseado, los contribuyentes ahora deberán desplazarse más de 300 kilómetros para realizar trámites que antes podían hacer cerca de su hogar», denunció el dirigente.
El cierre de estas oficinas no solo genera dificultades logísticas, sino que también aumenta la presión sobre los trabajadores de ARCA, que, según Molina, han estado soportando un salario congelado durante más de un año. «Nos están licuando el salario y además nos atacan con declaraciones de violencia, como las del presidente, que nos calificó como ‘burócratas que persiguen a los héroes evasores'», añadió Molina, refiriéndose a los comentarios del presidente que han provocado malestar en el sector.
El dirigente gremial también cuestionó la falta de planificación y la improvisación en las decisiones del gobierno, mencionando el caso de un edificio recientemente construido en Chilecito, que ahora corre el riesgo de ser vendido, a pesar de haber sido destinado a ARCA.
Frente a este panorama, el gremio de los empleados fiscales ha comenzado una serie de medidas de protesta. Entre ellas, se destacó un «apagón informático» en las oficinas, así como una carta documento dirigida al administrador de ARCA exigiendo respuestas claras sobre la situación laboral de los empleados afectados. «Nos piden que abandonemos la medida cautelar que protege a los trabajadores de despidos masivos a cambio de aumentos salariales. Esto es una extorsión», afirmó Molina, quien también señaló que los trabajadores no están dispuestos a ceder ante estas condiciones.
El conflicto laboral no parece tener una solución a corto plazo. El gremio ya ha anunciado su adhesión al paro convocado por la CGT para el 10 de abril y ha resaltado que la lucha comenzó el año pasado, cuando el gobierno intentó despedir a 3.500 empleados del sector público. En este contexto, las medidas de protesta se han intensificado y el futuro de los trabajadores de ARCA sigue siendo incierto.
En medio de esta difícil situación, Molina destacó la creciente angustia entre los empleados fiscales, quienes, además del temor a ser despedidos, se enfrentan a una creciente inestabilidad e improvisación por parte del gobierno. «Cambian el nombre de las instituciones, pero lo que realmente están haciendo es empeorar las condiciones para todos», concluyó el dirigente gremial.