La familia de Tayron solicitó ampliar la investigación por la muerte del niño e incorporar como imputada a una segunda profesional del Hospital Regional Río Grande. El planteo fue realizado después de conocerse el informe preliminar de la autopsia, que atribuyó el fallecimiento a un shock séptico provocado por una neumonía, agravado por la deshidratación ocasionada por una gastroenteritis.
La querella pretende que la causa quede formalmente caratulada como homicidio culposo por una presunta mala praxis médica. Esa calificación ya había sido planteada provisoriamente por el fiscal Martín Bramati en el requerimiento de instrucción presentado el 24 de agosto.
La nueva profesional señalada es una médica de apellido García, quien aparece como firmante electrónica de parte de la historia clínica. Para los representantes legales de la familia, esa suscripción implica responsabilidad sobre el contenido de los registros. La presentación también menciona a Bellottini, la primera médica que atendió al niño en la guardia y cuya intervención ya se encontraba bajo análisis judicial.
Los padres sostienen que, durante las consultas anteriores al fallecimiento, Tayron fue evaluado por un problema gastrointestinal. Sin embargo, la neumonía y el posterior cuadro séptico recién aparecieron como posibles causas del desenlace luego de la autopsia. También volvieron a cuestionar que el certificado utilizado para la inhumación no indicara la causa de muerte.
No obstante, los resultados forenses todavía no son definitivos. Permanecen pendientes diferentes estudios bacteriológicos y virológicos que podrían ratificar, ampliar o modificar las conclusiones iniciales.
Entre las medidas solicitadas figura una reconstrucción completa de la atención brindada durante el 19 y el 20 de agosto. La familia pidió conocer qué médicos y enfermeros se encontraban de guardia, la cantidad de pacientes atendidos, el número de profesionales disponibles, sus modalidades de contratación y la existencia de insumos para realizar estudios diagnósticos.
También reclamó los registros de admisión y triage correspondientes a las dos consultas del niño, las planillas de medicamentos y documentación relacionada con el uso pediátrico de metoclopramida, conocida comercialmente como Reliverán. A su vez, requirió una auditoría informática para establecer quién creó, consultó, modificó o firmó cada parte de la historia clínica, junto con la fecha, el horario y la terminal utilizada.
La presentación solicita además información sobre los casos pediátricos de neumonía, gastroenteritis, deshidratación, sepsis y shock séptico atendidos entre junio y agosto. También busca determinar si el hospital inició un sumario, una investigación interna o alguna intervención de los comités de seguridad del paciente, calidad o ética después del fallecimiento.
La querella pidió acelerar las declaraciones testimoniales, la extracción forense del contenido del teléfono de la madre, una evaluación médico-legal integral y la conformación de una junta interdisciplinaria. Mientras avanza la investigación, la familia convocó para este martes, a las 17:00, a realizar tres minutos de silencio frente al ingreso principal del Hospital Regional Río Grande