La investigación por la muerte de Tayron Villalba Villegas podría extenderse a una nueva profesional médica y profundizar el análisis sobre cómo funcionaba la guardia pediátrica durante las horas previas al fallecimiento del niño. La querella presentó un nuevo escrito ante la Justicia en el que solicitó ampliar la imputación, producir nuevas pruebas y establecer formalmente como calificación provisoria el homicidio culposo por presunta mala praxis.
La presentación se conoce luego del informe preliminar de la autopsia, que estableció a nivel macroscópico que Tayron falleció como consecuencia de un shock séptico debido a una neumonía, dentro de un cuadro agravado por la deshidratación provocada por una gastroenteritis.
El resultado adquiere relevancia para la investigación porque durante las consultas anteriores al fallecimiento la atención había estado vinculada principalmente con el cuadro gastrointestinal. La neumonía y el shock séptico aparecen ahora entre los elementos centrales que deberán analizar los investigadores para reconstruir la evolución clínica y determinar si existieron responsabilidades.
Las conclusiones forenses todavía no son definitivas. Fueron requeridos estudios bacteriológicos y virológicos cuyos resultados podrán confirmar, ampliar, complementar o modificar las observaciones preliminares. A esto se suma que el certificado de defunción con el cual fue enterrado Tayron no consignaba una causa de muerte, algo que había sido cuestionado por sus padres desde el comienzo.
Piden incorporar a otra médica a la investigación
Uno de los principales planteos de la familia apunta a una médica de apellido García. De acuerdo con la presentación de la querella, su firma electrónica figura en documentación correspondiente a la historia clínica del niño.
Los representantes legales sostienen que esa intervención debe ser investigada para determinar cuál fue concretamente el grado de participación de la profesional en la atención y qué responsabilidad podría corresponderle respecto de la información incorporada al registro clínico.
Para la querella, la suscripción electrónica y la consignación del diagnóstico son circunstancias que deben ser examinadas junto con las presuntas deficiencias detectadas en los registros de guardia. También cuestiona si frente a los síntomas que presentaba Tayron se siguieron las recomendaciones correspondientes ante la posibilidad de cuadros de mayor gravedad, incluida una eventual sepsis.
Hasta el momento, la investigación ya analizaba la actuación de la médica Bellottini, quien fue la primera profesional que atendió al niño en la guardia. Con el nuevo pedido, los padres buscan que también sea examinada judicialmente la participación de García.
La guardia pediátrica también será puesta bajo análisis
La presentación no se limita a determinar eventuales responsabilidades individuales. Los padres pretenden conocer en detalle en qué condiciones funcionaba el servicio de Pediatría del Hospital Regional Río Grande los días 19 y 20 de agosto, cuando Tayron realizó sus consultas.
Entre las medidas requeridas aparece la identificación de médicos y enfermeros que se encontraban de guardia, su antigüedad y modalidad de contratación, la cantidad de profesionales disponibles y el volumen de pacientes que fueron atendidos durante esas jornadas.
También solicitaron información sobre los recursos existentes para realizar estudios diagnósticos, los horarios en los que funcionaba el laboratorio de guardia y cuáles eran las determinaciones que podían efectuarse durante el horario en que el niño permaneció en el hospital.
La querella pretende además conocer cuántos pacientes pediátricos fueron atendidos durante junio, julio y agosto por neumonía, gastroenteritis, deshidratación, sepsis y shock séptico. A esto agregó un pedido para acceder a información sobre fallecimientos pediátricos registrados en el establecimiento durante los últimos dos años.
Quieren reconstruir el triage y la medicación administrada
Otro capítulo de la presentación se concentra específicamente en las consultas del 19 y 20 de agosto. La familia solicitó los registros completos de admisión y triage para determinar qué nivel de riesgo se asignó al niño, quién realizó esa clasificación y cuáles fueron los parámetros utilizados.
También pidió las planillas correspondientes a la administración de medicamentos y documentación de Farmacia. Uno de los puntos que pretende esclarecer es si la metoclopramida, conocida comercialmente como Reliverán, integraba los protocolos terapéuticos para pacientes pediátricos y qué restricciones existían respecto de la edad y dosificación.
La historia clínica digital será otro elemento central. Los abogados reclamaron una auditoría informática que permita reconstruir quién creó, abrió, modificó o firmó cada registro, en qué momento se realizaron esas acciones y desde qué terminal. El objetivo incluye detectar si existieron modificaciones posteriores.
Buscan saber si el hospital abrió una investigación interna
Los padres también quieren establecer qué ocurrió institucionalmente dentro del Hospital Regional Río Grande después del fallecimiento. Por ese motivo, solicitaron que se informe si se inició un sumario administrativo, una investigación interna o un análisis del caso como evento centinela.
El requerimiento alcanza además a una posible intervención de organismos internos vinculados con seguridad del paciente, calidad asistencial o ética. Si alguno de esos procedimientos fue iniciado, la querella pretende que la documentación producida sea remitida e incorporada al expediente judicial.
Reclaman que figure “homicidio culposo”
Finalmente, la familia solicitó que la investigación quede formalmente caratulada, de manera provisoria, como homicidio culposo derivado de una presunta mala praxis médica, figura contemplada en el artículo 84 del Código Penal.
La petición toma como antecedente el requerimiento de instrucción realizado el 24 de agosto por el fiscal Martín Bramati, donde esa calificación ya había sido propuesta de manera provisoria. Ahora la querella pretende que quede expresamente incorporada a las actuaciones, independientemente de las modificaciones que puedan producirse a medida que avance la investigación.
Además, los abogados reclamaron acelerar otras diligencias que consideran necesarias, entre ellas declaraciones testimoniales, el análisis forense del teléfono de la madre, una pericia médico-legal integral sobre la documentación clínica y la conformación de una junta médica interdisciplinaria.