La imposibilidad de establecer cómo escapó Ramón Ángel Abregú del lugar donde estaba detenido resultó determinante para la estrategia con la que la Fiscalía buscó frenar la prescripción. Así lo explicó el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramatti, al referirse a la resolución que permitió la liberación del hombre condenado por el homicidio de su esposa.
En diálogo con Aire Libre FM, el funcionario señaló que el Ministerio Público Fiscal intentó sostener que aquella fuga había configurado el delito de evasión y que, por esa vía, podía interrumpirse el plazo de prescripción. Sin embargo, indicó que no se reunieron pruebas suficientes para acreditar el uso de fuerza sobre las cosas o violencia contra las personas durante el escape.
“Al intentar investigar la evasión tanto tiempo después, las pocas pruebas que teníamos ni siquiera nos permitieron establecer a ciencia cierta cómo se fue de ese lugar”, reconoció Bramatti. Según sostuvo, los elementos disponibles apuntaban a deficiencias de vigilancia y a las condiciones inadecuadas del establecimiento.
Abregú estaba alojado en un galpón de la Margen Sur de Río Grande, en cercanías de la zona del CAP. El fiscal describió un espacio con piso de tierra, utilizado también para reparar vehículos, que disponía de unas pocas habitaciones y carecía de personal penitenciario capacitado.
Al reconstruir lo documentado sobre el escape, Bramatti indicó que los custodios demoraron varias horas en advertir la ausencia. La puerta de la habitación estaba trabada desde adentro y debió ser forzada para ingresar. Una vez en el interior, encontraron el lugar vacío, sin boquetes, ventanas rotas ni otros rastros que permitieran explicar de qué manera había salido.
Para el fiscal, el caso expone una diferencia dolorosa entre los tiempos establecidos por las normas y las expectativas de los familiares de la víctima. Remarcó que el proceso había avanzado rápidamente hasta la condena, pero que la fuga se produjo cuando todavía estaba pendiente una instancia de revisión.
“Se entiende incluso más injusto porque los plazos procesales se habían cumplido: se lo juzgó y se lo condenó dentro del año, y él se fuga mientras estaba pendiente la casación”, expresó. En ese marco, sostuvo que el Estado debe llevar adelante la persecución penal dentro de los límites temporales que establece la ley.
La entrevista también dejó en evidencia los interrogantes sobre los años en que Abregú permaneció prófugo. Bramatti afirmó que no se pudo determinar dónde estuvo, cómo se sostuvo económicamente ni cuáles fueron sus movimientos. Asimismo, consideró especulativa la versión de que nunca habría abandonado Tierra del Fuego.
Respecto de su regreso a los tribunales junto a un abogado, el funcionario planteó que, si hubiera pasado por un control fronterizo y hubiera sido identificado, habría quedado detenido allí. No obstante, sus desplazamientos durante ese período continúan sin esclarecerse.
Bramatti vinculó la resolución con los criterios sobre prescripción establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según su explicación, para el encuadre de homicidio simple aplicado en la causa se consideró un plazo de 12 años. La imposibilidad de acreditar una circunstancia que interrumpiera ese cómputo dejó sin sustento la oposición fiscal al cierre del caso.