Las entidades que representan al sector privado de Ushuaia manifestaron su preocupación por las consecuencias económicas del acampe instalado sobre la calle San Martín y advirtieron que la interrupción de una de las principales arterias comerciales de la ciudad afecta directamente a negocios, hoteles, restaurantes y trabajadores.
El planteo se produce en un contexto económico complejo para la actividad privada, donde comerciantes y prestadores vienen enfrentando dificultades para sostener sus niveles de ventas. Según señalaron las cámaras, la continuidad del corte profundiza esa situación al complicar el acceso a los establecimientos y reducir la circulación de potenciales clientes.
Los representantes empresarios evitaron pronunciarse sobre el fondo del reclamo que dio origen a la protesta y centraron su posición en las consecuencias que la medida genera sobre la actividad económica de la zona.
En ese sentido, remarcaron que San Martín concentra una parte importante del movimiento comercial y turístico de Ushuaia, por lo que cualquier interrupción prolongada del tránsito termina repercutiendo sobre numerosos establecimientos.
Desde las entidades señalaron que detrás de cada comercio, hotel o restaurante existen puestos de trabajo, proveedores y familias que dependen de la continuidad de la actividad. Además, recordaron que los establecimientos deben afrontar gastos fijos, impuestos, servicios y salarios independientemente de la disminución de sus ingresos.
La preocupación central está puesta en la posibilidad de que la prolongación de la medida termine profundizando las dificultades que ya atraviesan las pequeñas y medianas empresas y, como consecuencia, ponga en riesgo fuentes laborales.
Ante este escenario, las cámaras empresarias solicitaron a los manifestantes y a las partes involucradas que encuentren canales alternativos para sostener el reclamo sin impedir el tránsito ni afectar el normal funcionamiento de comercios y servicios.
Finalmente, expresaron su disposición al diálogo y plantearon la necesidad de alcanzar una salida que permita compatibilizar el derecho a manifestarse con la continuidad de la actividad económica y la preservación de los puestos de trabajo en la capital fueguina.