Dos proyectos ingresaron a la Cámara de Diputados con el objetivo de modificar las herramientas legales contra la trata de personas y la explotación sexual. Las iniciativas plantean, por un lado, un marco nacional para prohibir establecimientos destinados a la explotación sexual y, por otro, un fuerte incremento de las penas para quienes sean condenados por trata.
Las propuestas fueron encabezadas por las diputadas cordobesas Carolina Basualdo y Alejandra Torres, de Provincias Unidas, y posteriormente sumaron como cofirmantes a Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, José Núñez y María Inés Zigarán. Ambos expedientes fueron presentados formalmente el 23 de septiembre. Cámara de Diputados de la Nación
Clausura de locales vinculados a explotación sexual
El primero de los proyectos busca establecer una prohibición, dentro de la jurisdicción federal, para establecimientos destinados a la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades. El expediente 4948-D-2026 fue girado a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda. Cámara de Diputados de la Nación
La propuesta contempla espacios como whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, locales de alterne y otros establecimientos utilizados para ofrecer servicios sexuales. También incorpora modalidades que funcionan mediante agencias, inmuebles de alquiler temporal o mecanismos digitales.
Una vez comprobada una infracción, se plantea avanzar con la clausura definitiva del establecimiento. Paralelamente, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires serían invitadas a adecuar sus propias normas para avanzar hacia un criterio similar en todo el territorio nacional.
El proyecto también incorpora medidas destinadas a las personas encontradas durante los procedimientos. Frente a indicadores de vulnerabilidad o situaciones que permitan presumir un posible caso de trata, se prevé activar los mecanismos de asistencia establecidos por la legislación vigente.
Hasta 25 años de prisión
El segundo proyecto, identificado como expediente 4949-D-2026, propone modificar el Código Penal y agravar las penas correspondientes al delito de trata de personas. Su tratamiento quedó inicialmente en manos de la Comisión de Legislación Penal. Cámara de Diputados de la Nación
La modificación propuesta llevaría la escala básica a entre 6 y 12 años de prisión, mientras que determinadas circunstancias agravantes elevarían las condenas a entre 10 y 20 años.
Cuando la explotación de la víctima llegue a consumarse, la iniciativa contempla penas de 15 a 20 años de cárcel. La escala más elevada correspondería a situaciones que involucren a menores de 18 años, con condenas propuestas de 18 a 25 años.
Educación, prevención y Línea 145
La ofensiva legislativa no queda limitada a clausuras y condenas. También apunta a fortalecer la prevención mediante contenidos educativos relacionados con la trata, las nuevas formas de captación a través de internet y el grooming, además de impulsar una mayor difusión de la Línea 145.
Ese canal funciona las 24 horas, todos los días, tiene alcance nacional y permite realizar denuncias de manera anónima sobre posibles situaciones de trata y explotación de personas. Cámara de Diputados de la Nación
Las propuestas deberán atravesar ahora el tratamiento en las respectivas comisiones antes de quedar en condiciones de avanzar hacia el recinto de la Cámara de Diputados.