La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, explicó los pasos que deberá atravesar la presentación judicial impulsada para intentar frenar las actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas y dejó en claro que el expediente recién se encuentra en su etapa inicial. La magistrada señaló que actualmente se dio vista a la Fiscalía y que, una vez producido ese dictamen, el Juzgado deberá analizar si se encuentran reunidos los requisitos para resolver la medida cautelar solicitada.
En comunicación con FM del Pueblo, Borruto detalló además una cuestión determinante para el alcance que podría tener una eventual resolución: debido a que las empresas involucradas tienen domicilio en el exterior, cualquier notificación deberá tramitarse a través de Cancillería. En ese punto, explicó que la intervención judicial tiene un límite territorial y que, cuando el procedimiento excede las fronteras argentinas, comienza a intervenir el Poder Ejecutivo Nacional a través de su política exterior.
La causa recién comienza y ahora interviene la Fiscalía
La presentación fue realizada en el Juzgado Federal de Río Grande en relación con las actividades de empresas que exploran y proyectan explotar recursos hidrocarburíferos en el área de Malvinas. Según explicó Borruto, el expediente acaba de iniciarse y el primer paso será aguardar la intervención del Ministerio Público Fiscal.
“Acaba de iniciarse, con lo cual tiene una vista la Fiscalía. La Fiscalía responderá, tiene tiempo para responder. Una vez que responde la Fiscalía nosotros revisamos”, explicó la magistrada en FM del Pueblo.
Borruto aclaró que se trata de una demanda de carácter civil y que, por lo tanto, se encuentra regida por las normas del Código Civil y Comercial. Esta característica obliga al Juzgado a verificar de manera estricta diferentes aspectos de la presentación antes de pronunciarse sobre lo solicitado.
“Se revisa la legitimación activa, que significa quién la presenta, cómo la presenta, cuáles son, y la documental que se acompaña. Es decir, se revisan todos los requisitos”, señaló. Si durante ese procedimiento se detecta que falta algún elemento, deberá solicitarse su incorporación; si la presentación está completa, se avanzará hacia el análisis de la cautelar.
La Justicia deberá resolver el pedido de una medida cautelar
Uno de los puntos centrales de la presentación es justamente el pedido de una medida cautelar. Borruto explicó que este tipo de decisiones judiciales tienen carácter preventivo y provisorio, por lo que antes de adoptar una determinación deben analizarse distintos requisitos jurídicos.
“Las medidas cautelares son medidas provisionales, preventivas”, explicó la jueza, quien indicó que una vez revisados los elementos incorporados al expediente podrá existir una resolución favorable o desfavorable respecto de lo solicitado.
Sin embargo, una eventual decisión judicial abriría posteriormente otra etapa particularmente compleja: la notificación a las empresas involucradas. Borruto remarcó que se trata de compañías que tienen domicilio fuera de la Argentina y que, por ese motivo, el Juzgado no puede avanzar directamente sobre ellas mediante los mecanismos utilizados dentro del territorio nacional.
“El juez llega hasta la puerta de Cancillería”
La magistrada puso especial énfasis en explicar cuáles son los límites de la actuación judicial cuando una causa requiere notificar una resolución en otro país. En ese escenario, aseguró que el trámite necesariamente debe canalizarse por medio de Cancillería.
“El trámite se hace vía Cancillería. Es decir, el juez llega hasta la puerta de Cancillería”, afirmó Borruto.
A partir de ese momento, según explicó, comienza una instancia que ya no depende exclusivamente del Poder Judicial, debido a que las relaciones con otros países forman parte de las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional.
“Por sí o por no, por lo que fuera, llega a Cancillería y ahí es donde se decide si se presenta, cómo se presenta”, señaló la magistrada, marcando de esta manera el límite que tendría la intervención del Juzgado Federal de Río Grande frente a una eventual resolución relacionada con empresas radicadas en el extranjero.
Borruto recordó antecedentes desde 2015
La jueza también recordó que no sería la primera vez que desde el Juzgado Federal de Río Grande se atraviesa una situación en la que una actuación judicial relacionada con Malvinas termina dependiendo de mecanismos de política exterior.
Borruto señaló que viene trabajando con este tipo de situaciones desde 2015 y que durante ese período pasaron diferentes gobiernos nacionales, cada uno con su propia postura respecto de cómo proceder ante las notificaciones provenientes de la Justicia.
Según relató, hubo casos en los que las comunicaciones fueron cursadas y posteriormente Inglaterra decidió no responder. También explicó que frente a otros países pueden existir respuestas diferentes, ya que cada Estado actúa de acuerdo con sus propias decisiones y el contexto político del momento.
Para Borruto, ese antecedente permite comprender que la actuación del Juzgado necesariamente encuentra un límite cuando el procedimiento sale del territorio argentino. “Es una medida que tiene un límite”, sostuvo, y agregó: “Y no lo puedo poner yo, porque es otro poder”.
Sería la primera experiencia de este tipo con el actual Gobierno nacional
Consultada específicamente sobre cuál fue la experiencia con el actual Gobierno nacional frente a procedimientos similares, Borruto respondió que hasta el momento no tuvo una situación comparable.
“No, no tengo con este Gobierno”, señaló durante la entrevista. Ante la posibilidad de que este expediente avance hasta la instancia de una notificación internacional, reconoció que podría tratarse de la primera experiencia de estas características con la actual administración.
La magistrada recordó que desde 2015 trabajó con diferentes gobiernos y sostuvo que la forma de proceder fue distinta en cada período. “Con los tres hemos trabajado de diferente manera. Y cada uno impone su política, y uno, como juez, llega hasta la puerta, como le dije, y cada uno después reacciona, depende de su política”, expresó.
Borruto remarcó que esa decisión forma parte de las atribuciones políticas del Ejecutivo y vinculó directamente esa instancia con la conducción de las relaciones internacionales. “Cuando uno vota un presidente, vota por eso también”, afirmó, en referencia a “cómo va a gestionar esta política exterior”.
Una vez que responda la Fiscalía se conocerá el próximo paso
Por el momento, la causa permanecerá a la espera de la intervención fiscal. Una vez que el expediente regrese al Juzgado Federal, se revisarán los requisitos de la presentación y se determinará qué corresponde hacer respecto de la cautelar solicitada.
Borruto insistió en que, cualquiera sea la resolución que eventualmente se adopte, si resulta necesario comunicarla a las empresas domiciliadas fuera de la Argentina deberá recurrirse a los canales correspondientes.
“De cualquiera sea la posibilidad tiene que haber una notificación y ese tipo de notificación se hace por esta vía, no tenemos otra forma de hacerlo porque es otro país”, explicó.
La magistrada volvió a diferenciar en ese punto las competencias de cada poder del Estado: “Cuando ya todo lo que excede nuestro territorio, ya es el Poder Ejecutivo el que va a tomar las medidas que él quiera corresponder”.
Ambientalistas se presentan por primera vez ante el Juzgado durante su gestión
Durante la entrevista con FM del Pueblo, Borruto también fue consultada sobre la participación de los abogados ambientalistas que impulsaron la acción. La jueza indicó que se trata de la primera presentación de este sector ante el Juzgado desde que ella se encuentra al frente.
“Los ambientalistas, la primera vez, por lo menos que se presentan acá desde que estoy yo”, señaló.
En relación con las cuestiones vinculadas con Malvinas, recordó que el Juzgado ya intervino en otros expedientes y mencionó particularmente una causa relacionada con veteranos que actualmente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que permanecen a la espera de una resolución del máximo tribunal.
De esta manera, la nueva presentación inicia ahora un recorrido judicial que todavía se encuentra en sus primeras etapas. El dictamen de la Fiscalía será uno de los primeros pasos antes de que Borruto pueda analizar la cautelar solicitada. Si posteriormente existe una resolución que deba ser comunicada a empresas radicadas en el exterior, el procedimiento llegará a Cancillería y será entonces cuando la política exterior del Gobierno nacional pase a ocupar un lugar determinante en la continuidad de las actuaciones.