La habilitación para que los bitrenes circulen por casi toda la red nacional volvió a encender una disputa que había quedado en pausa: de un lado, automotrices y operadores logísticos celebran la baja de costos; del otro, especialistas en infraestructura alertan por el impacto en rutas y en la seguridad vial.

El cambio normativo llegó con la Resolución 1196/2025, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que extendió el uso de formaciones con dos semirremolques de hasta 30,25 metros de largo y 75 toneladas de peso bruto a la mayoría de las rutas nacionales. La decisión se justificó en la “optimización de costos” y en el impulso a la reactivación económica.

Hasta fines de agosto, las composiciones más largas solo podían transitar por la autopista Rosario–Córdoba y en el corredor Capital Federal–Zárate en horario nocturno; y los equipos de 25,50 metros estaban permitidos en un tramo acotado —unos 15.000 km— de la red nacional de 41.000 km. La nueva regla, entonces, amplía de manera sustancial el alcance operativo.

Entre los primeros en mover fichas apareció Renault Argentina, que contrató un bitren de contenedores para el tramo Puerto de Buenos Aires–fábrica Santa Isabel (Córdoba), trasladando vehículos y repuestos. Para su presidente, Pablo Sibilla, medidas de este tipo “mejoran la competitividad” al reducir costos y emisiones, con menos camiones para el mismo volumen de carga y menor consumo de combustible.

Una lectura similar comparte la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETyL). La entidad consideró que los bitrenes son una herramienta probada para elevar la productividad y pidió que la expansión venga acompañada por infraestructura modernizada: puentes, corredores y calzadas en condiciones de admitir estas formaciones con estándares de circulación seguros.

En la vereda opuesta se ubicó la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional. Sus técnicos sostienen que, si bien el esquema beneficia a transportistas e industrias, traslada costos ocultos al Estado y a la sociedad: mayor desgaste de puentes y alcantarillas por el incremento del Peso Bruto Total Combinado y la carga dinámica, y mantenimiento más oneroso y frecuente de la red.

El capítulo seguridad vial concentra otras objeciones. Los ingenieros advierten que la mayor longitud y peso reducen la maniobrabilidad y pueden agravar riesgos de colisiones frontales y laterales, sobre todo en rutas de calzada simple. A los perjuicios económicos por siniestros —salud, seguros, daños— suman el costo social de las víctimas, en tensión con compromisos constitucionales y metas internacionales.

Los críticos también remarcan la falta de estudios técnicos previos del organismo competente que acrediten que toda la red nacional puede soportar el nuevo régimen. Según su planteo, la desregulación generalizada termina por socializar costos de infraestructura y siniestralidad mientras privatiza beneficios en un segmento del transporte y la logística.

A modo de cierre, recomiendan un enfoque escalonado: limitar la circulación de bitrenes a rutas previamente evaluadas, exigir análisis de impacto técnico-ambiental y de seguridad antes de sumar tramos, y crear un fondo específico financiado con parte del ahorro logístico empresarial para sostener el mantenimiento vial y programas de seguridad.

Con posiciones cada vez más nítidas, el debate por los bitrenes vuelve a colocar en el centro una pregunta incómoda pero clave: cómo equilibrar la competitividad que demanda la economía con las condiciones reales —y los costos— de la infraestructura y la seguridad en las rutas argentinas.