La situación económica de Tierra del Fuego comienza a reflejarse con mayor fuerza en los ingresos tributarios provinciales. La menor actividad industrial, las dificultades del sector petrolero y la retracción comercial redujeron la participación de la recaudación propia en los recursos del Estado, mientras crece la preocupación por la capacidad de los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), Oscar Bahamonde, explicó que actualmente los ingresos generados por el organismo representan aproximadamente el 35% de los recursos provinciales, cuando en otros períodos esa participación llegó a ubicarse cerca del 40%. La diferencia refleja el impacto que está teniendo la situación económica sobre las finanzas públicas.
Durante una entrevista radial, el funcionario señaló que la caída de la producción industrial no solamente afecta a las fábricas, sino que también repercute en los comercios y servicios que dependen del movimiento económico generado por ese sector. Una situación similar ocurre con la actividad petrolera, cuya disminución termina afectando diferentes fuentes de ingresos provinciales.
La recaudación pierde peso frente a las necesidades del Estado
Bahamonde explicó que la provincia enfrenta un escenario complejo porque la reducción de la actividad económica coincide con mayores necesidades de financiamiento para sostener los servicios públicos.
En ese contexto, advirtió que las dificultades no se limitan a los ingresos propios de Tierra del Fuego, ya que también existen problemas en la evolución real de la recaudación nacional y, por consiguiente, en los recursos que reciben las provincias mediante la coparticipación.
El funcionario mencionó particularmente las mayores demandas que enfrentan los sistemas de salud y educación. En el caso sanitario, sostuvo que la pérdida de puestos de trabajo provoca que personas que anteriormente contaban con cobertura médica deban recurrir a los hospitales públicos.
También recordó que la provincia debió asumir obligaciones educativas que anteriormente contaban con financiamiento nacional, lo que incrementó las necesidades presupuestarias en un escenario de recursos limitados.
Crece la cantidad de contribuyentes con dificultades para pagar
Otro indicador de la situación económica aparece en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bahamonde reconoció que la proporción de contribuyentes con atrasos comenzó a incrementarse, pasando de niveles cercanos al 6% o 7% a porcentajes que pueden alcanzar entre el 8% y el 10%.
Según explicó, numerosos contribuyentes manifiestan su intención de regularizar las deudas, pero encuentran dificultades para afrontar las cuotas de los planes tradicionales. Esta situación llevó al organismo a implementar un régimen especial que permite extender los pagos hasta 60 meses.
La AREF administra un universo aproximado de 40.000 contribuyentes en Tierra del Fuego, distribuidos entre el régimen simplificado, el régimen local y el Convenio Multilateral. La evolución de la morosidad dentro de ese conjunto constituye uno de los indicadores que el organismo utiliza para evaluar las dificultades económicas.
El nuevo esquema de financiación estará disponible hasta el 31 de diciembre y contempla la posibilidad de cancelar determinadas obligaciones en hasta seis cuotas sin intereses de financiación, además de alternativas de mayor plazo con tasas reducidas.
El debate por los impuestos y los cambios en las alícuotas
En relación con las discusiones sobre posibles incrementos tributarios, Bahamonde sostuvo que las modificaciones deben analizarse teniendo en cuenta las diferencias que existen entre las actividades económicas y los tratamientos impositivos que recibieron durante los últimos años.
Explicó que los consensos fiscales firmados desde 2017 establecieron límites para determinadas alícuotas, lo que redujo considerablemente el margen de las provincias para incrementar sus impuestos.
También señaló que las propuestas de modificación buscan corregir diferencias entre actividades que actualmente tributan bajo condiciones distintas. En ese sentido, indicó que el nomenclador provincial contempla alrededor de mil actividades económicas y que los cambios deben evaluarse considerando los distintos sectores y subsectores.
El funcionario planteó que algunos contribuyentes mantuvieron durante muchos años beneficios o bases especiales de tributación que generaron diferencias respecto de otras actividades comerciales y de servicios.
Por ese motivo, consideró necesario analizar el impacto de cada modificación antes de interpretar que cualquier actualización constituye un incremento generalizado de impuestos.
El impuesto inmobiliario rural y las diferencias de valuación
Uno de los ejemplos utilizados por Bahamonde fue el impuesto inmobiliario rural, cuya actualización generó cuestionamientos durante el debate tributario provincial.
El titular de AREF explicó que durante aproximadamente 14 años no se habían aplicado determinadas actualizaciones de valuación, lo que provocó que algunas propiedades rurales mantuvieran obligaciones fiscales considerablemente bajas.
Como referencia, señaló que durante 2025 la recaudación total por este impuesto fue de aproximadamente cinco millones de pesos. También mencionó que una estancia de 30.000 hectáreas, correspondiente a una de las partidas de mayor superficie, abonaba alrededor de 200.000 pesos anuales.
Con las modificaciones aplicadas, explicó que el cálculo puede representar aproximadamente 250.000 pesos anuales por cada mil hectáreas, un valor que comparó con el impuesto inmobiliario que puede pagar una vivienda urbana.
Bahamonde consideró que las actualizaciones deberían realizarse de manera periódica para evitar diferencias tan importantes entre los valores históricos y los nuevos montos. Además, aclaró que las valuaciones utilizadas para calcular impuestos no representan necesariamente el precio comercial de las tierras.
El financiamiento educativo también forma parte de la discusión
El funcionario se refirió además a los cuestionamientos surgidos alrededor de las propuestas tributarias vinculadas con el financiamiento educativo.
Explicó que algunas de las medidas planteadas contemplan revisar exenciones existentes y establecer mecanismos para que determinados recursos provenientes de futuras modificaciones impositivas puedan destinarse al sostenimiento del sistema educativo.
En ese sentido, sostuvo que las propuestas deben analizarse de manera integral y diferenciar entre la creación de nuevas obligaciones, la modificación de tratamientos especiales y la asignación de recursos para determinados fines.
También reconoció que cualquier discusión tributaria genera posiciones contrapuestas entre quienes deben afrontar las obligaciones fiscales y quienes tienen la responsabilidad de financiar los servicios del Estado.
Una economía con menos actividad y mayores demandas
La situación expuesta por Bahamonde refleja uno de los principales desafíos financieros de Tierra del Fuego: sostener los servicios públicos en un contexto donde la actividad económica no genera el mismo nivel de ingresos que en períodos anteriores.
La caída industrial, las dificultades petroleras y la menor circulación comercial afectan directamente la recaudación, mientras que el incremento de las demandas sanitarias, educativas y sociales exige mayores recursos presupuestarios.
Frente a este escenario, la Agencia de Recaudación Fueguina busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones mediante planes de financiación más extensos, al tiempo que continúa el debate sobre la estructura tributaria provincial y las modificaciones necesarias para sostener los ingresos públicos.