La necesidad de avanzar con soluciones habitacionales en Ushuaia motivó una modificación provisoria en la zonificación de bosques nativos de cuatro sectores de la ciudad. La medida permitirá revisar las restricciones territoriales existentes en zonas donde ya se registran viviendas, calles abiertas y distintos niveles de intervención urbana, aunque los cambios deberán incorporarse posteriormente a la actualización general del ordenamiento forestal provincial.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego mediante la Resolución 384/26, firmada el 21 de octubre por el ministro Francisco Devita. La disposición responde a una solicitud presentada por la Municipalidad de Ushuaia para adecuar la clasificación ambiental de determinadas superficies a las condiciones actuales de ocupación del suelo.
Los sectores comprendidos son María Elena Walsh, La Pradera, Barrancas del Pipo y el barrio Malvinas. En cada uno se analizaron situaciones particulares, con superficies que podrán quedar excluidas del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y otras sujetas a modificaciones en sus categorías de conservación.
Uno de los casos corresponde al tramo final de la calle María Elena Walsh, donde se identificó una superficie de 0,55 hectáreas actualmente clasificada como bosque de categoría II. En ese lugar se contempla la exclusión del ordenamiento de un sector que comprende aproximadamente 20 lotes y una calle que ya se encuentra abierta.
Una situación de mayor extensión se presenta en La Pradera, ubicada sobre el faldeo comprendido entre los barrios Dos Banderas y Andorra. Allí se autorizó avanzar con modificaciones sobre 3,4 hectáreas correspondientes a bosques de categoría III y otras 1,2 hectáreas clasificadas como categoría II. Se trata de un área con un proceso de ocupación avanzado, especialmente hacia el sector este, donde ya existen numerosas viviendas.
En Barrancas del Pipo, la revisión alcanza una superficie de 0,9 hectáreas que actualmente pertenece a la categoría II y que había sido contemplada para espacios verdes. La propuesta establece una exclusión parcial del ordenamiento, teniendo en cuenta que el terreno presenta intervenciones previas, desmontes y modificaciones en sus condiciones originales.
Por su parte, en el barrio Malvinas se analizó una superficie total de 2,5 hectáreas, de las cuales hasta 1,7 corresponden a sectores con presencia de bosque. En este caso, la modificación contempla excluir 1,5 hectáreas de categoría III y otras 0,5 hectáreas de categoría II, como parte de los ajustes territoriales solicitados por el Municipio.
El planteo municipal se fundamentó en la necesidad de encontrar alternativas frente a la demanda habitacional de Ushuaia, particularmente en sectores donde el crecimiento urbano avanzó sobre terrenos que todavía mantienen clasificaciones vinculadas con la protección de bosques nativos.
La iniciativa también se relaciona con el proceso de regularización de servicios en la urbanización San Martín y la posterior entrega de lotes, dentro de una planificación que busca ampliar las posibilidades de acceso al suelo urbano.
Antes de su aprobación, la propuesta fue presentada en agosto ante la Comisión Consultiva de Bosques Nativos, donde obtuvo respaldo mayoritario. Posteriormente, la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión de Ambientes Forestales, dependiente de la Secretaría de Ambiente provincial, evaluó la documentación y determinó que no existían objeciones técnicas para avanzar con los cambios solicitados.
Sin embargo, las modificaciones autorizadas no tienen carácter definitivo. La resolución establece que deberán ser incorporadas en la próxima actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Tierra del Fuego, documento que posteriormente tendrá que ser remitido a la Legislatura provincial para su correspondiente tratamiento.
De esta manera, la Provincia habilitó una instancia de adecuación territorial que busca compatibilizar la situación de sectores ya urbanizados con las disposiciones ambientales vigentes. La medida abre la posibilidad de avanzar en procesos de regularización, aunque no implica por sí sola la adjudicación de terrenos ni una autorización automática para realizar nuevos desmontes.