El Gobierno nacional oficializó una actualización del 2,1% en los aranceles correspondientes a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad para agosto. La medida quedó establecida mediante la Resolución 2775/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad y alcanza a los servicios comprendidos dentro del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
El incremento toma como referencia la inflación de julio, que también fue del 2,1%, y se aplica sobre los valores que ya habían sido actualizados durante el mes anterior. En julio, los aranceles habían recibido una suba del 1,9%, en línea con el IPC de junio. De esta manera, entre ambos períodos la recomposición acumulada alcanza aproximadamente el 4,04%.
La actualización comprende las distintas modalidades contempladas en el nomenclador de la Ley 24.901, entre ellas servicios vinculados con atención, rehabilitación, educación y asistencia. El porcentaje se aplica de manera general, sin diferencias según el tipo de prestación. Así, por ejemplo, un arancel que en julio era de $100.000 pasa en agosto a $102.100.
La resolución también ratifica el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en las provincias patagónicas. Este diferencial, previsto en el artículo 7° bis de la Ley 24.901, continúa vigente sobre los nuevos valores y representa un elemento particular para los prestadores que desarrollan su actividad en la región.
La medida se conoce en medio de reclamos de organizaciones vinculadas al sector, que advierten que los incrementos mensuales siguen siendo insuficientes para recuperar el atraso acumulado. El Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que los aranceles se encuentran alrededor de un 40% por debajo de los costos y cuestiona que los ajustes ligados únicamente a la inflación no permitan recomponer esa diferencia.