La restitución de las tareas para todos los trabajadores portuarios y el regreso de la administración provincial son las condiciones que ATE plantea para resolver el conflicto en el Puerto de Ushuaia. El secretario general del gremio en Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, ratificó el rechazo a la intervención nacional y advirtió que, si las gestiones no producen resultados, podrían intensificarse las medidas de protesta.
Uno de los puntos centrales del reclamo es la situación del personal que no pudo recuperar sus funciones habituales desde que comenzó la intervención. Córdoba sostuvo que una solución debe alcanzar a todos los afectados y cuestionó la posibilidad de limitar el ingreso a delegados y representantes con protección sindical. “No puedo hacer una presentación y dejar unos adentro y otros afuera”, expresó al explicar su posición frente a una eventual acción judicial.
El dirigente aseguró que existe voluntad de retomar las tareas y que el sindicato busca evitar respuestas parciales. “Todo el mundo quiere entrar a laburar”, afirmó. En ese sentido, ATE reclama que el regreso del personal se concrete en condiciones equivalentes a las que tenía antes del cambio de administración.
La conducción gremial mantiene abiertas las vías políticas y judiciales, aunque también contempla un plan de lucha con movilizaciones y cortes si no aparecen avances. “Va a haber conflicto y la ANPyN lo está sabiendo. Todo el mundo lo está sabiendo”, advirtió Córdoba. Además, señaló que llegar a noviembre sin una solución haría difícil contener el malestar de los trabajadores.
Dentro de las gestiones, el secretario general confirmó conversaciones con representantes de La Libertad Avanza y la participación de la conducción nacional de ATE. Defendió esos encuentros como una herramienta para acercar el reclamo al Gobierno nacional: “Para recuperar el puerto hay que hablar con quien sea”.
La terminal quedó bajo intervención en enero, cuando la Agencia Nacional de Puertos y Navegación dispuso, mediante la Resolución 4/2026, asumir su gestión operativa, técnica y administrativa durante doce meses, con posibilidad de extender ese plazo. Desde entonces, la Dirección Provincial de Puertos quedó desplazada de la conducción efectiva.
Córdoba insistió en que las conversaciones no modifican el rechazo del sindicato a esa medida. “Sigo luchando para que el puerto siga siendo de los trabajadores y de la Provincia y del pueblo, que lo siga comandando la Provincia”, manifestó. También sostuvo que los cuestionamientos internos sobre el accionar gremial no alteran esa postura.
ATE continuará con las negociaciones y los reclamos judiciales, mientras mantiene abierta la posibilidad de aumentar la presión sindical. El planteo reúne la recuperación de la administración provincial y una respuesta laboral que incluya al conjunto del personal afectado.