La querella de un grupo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan llevó a la Cámara Federal de Casación Penal un pedido para que se anule el juicio realizado en Río Gallegos y se ordene un nuevo debate en Mar del Plata. La presentación fue impulsada por el abogado Luis Tagliapietra, padre del submarinista Alejandro Tagliapietra, quien cuestionó tanto la competencia del tribunal como la forma en que se desarrolló el proceso y la falta de pericias que considera fundamentales.
El recurso fue presentado el 3 de septiembre, fecha que coincide con el Día del Submarinista y con el aniversario de la creación de la Fuerza de Submarinos. La intención de los familiares es que Casación deje sin efecto el debate celebrado en Santa Cruz y disponga la realización de un nuevo juicio ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
El reclamo apunta más allá del resultado de la sentencia
La presentación no cuestiona únicamente las condenas y absoluciones dictadas, sino que pone bajo discusión todo el procedimiento que condujo a la sentencia. La querella sostiene que existieron limitaciones para intervenir durante el debate, objeciones vinculadas con la competencia territorial y medidas de prueba que quedaron pendientes.
El juicio terminó con la condena del ex capitán de navío Claudio Villamide por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte, por su actuación cuando estaba al frente del Comando de la Fuerza de Submarinos. En cambio, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa fueron absueltos por unanimidad.
Tagliapietra sostuvo que el proceso debería repetirse con todas las medidas probatorias producidas y ante el tribunal que, según su interpretación, corresponde intervenir en la causa. “Debe anularse este juicio oral y público y ordenar el reenvío al Tribunal natural para que enarbole un juicio justo como todos nos merecemos, imputados incluidos”, afirmó en la presentación.
Cuestionan que el juicio se haya realizado en Río Gallegos
Uno de los principales argumentos está relacionado con la competencia territorial. La querella plantea que el Tribunal Oral Federal que llevó adelante el juicio en Río Gallegos no era el “juez natural” de la causa y utiliza, entre otros fundamentos, la ubicación donde fueron encontrados los restos del submarino.
Tagliapietra había cuestionado anteriormente que el debate se desarrollara en la capital santacruceña y realizó distintas presentaciones para trasladarlo a Mar del Plata, aunque esos pedidos fueron rechazados. Su postura no fue compartida por la querella mayoritaria encabezada por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, que defendieron la realización del juicio en Río Gallegos.
Denuncian limitaciones durante los alegatos
Otro de los puntos que ahora deberá analizar Casación está relacionado con la participación de la querella durante el juicio. Tagliapietra afirmó que tuvo restricciones para desarrollar su posición, especialmente al momento de los alegatos, cuando debía evaluar la prueba incorporada, formular la acusación y plantear el pedido de pena.
Según el recurso, esas restricciones afectaron garantías vinculadas con el debido proceso y el derecho de defensa. Por ese motivo, la querella entiende que una eventual revisión de la sentencia no sería suficiente y reclama directamente la realización de un nuevo debate ante otro tribunal.
Las pericias pendientes, otro punto de conflicto
La investigación técnica sobre el hundimiento ocupa un lugar central dentro del planteo. Los familiares sostienen que la causa llegó a juicio sin haberse completado todas las pericias que consideraban necesarias para establecer con mayor precisión qué ocurrió con el ARA San Juan.
La querella también rechazó que la imposibilidad de realizar determinadas pericias pudiera considerarse agotada. Tagliapietra afirmó que no se hicieron todas las gestiones necesarias ante especialistas y organismos nacionales o extranjeros que eventualmente podían intervenir en esos estudios.
Este punto ya había generado diferencias entre los propios integrantes del tribunal. El juez Enrique Baronetto consideró que la ausencia de una pericia física sobre los restos, ubicados a más de 900 metros de profundidad, no impedía llegar a una conclusión porque existía suficiente evidencia técnica, documental y testimonial. En cambio, el juez Luis Alberto Giménez sostuvo una posición diferente y puso el foco sobre la falta de ese examen directo del submarino.
“Nos falta justicia”
Tagliapietra manifestó que espera que tanto la Fiscalía como las restantes querellas acompañen el pedido presentado ante Casación.
“Necesitamos la verdad y que se haga un juicio con todas las pericias realizadas y con esa verdad arriba de la mesa. Nos falta justicia y nunca bajaremos los brazos por nuestros seres queridos que merecen Memoria, Verdad y Justicia”, expresó.
Ahora será la Cámara Federal de Casación Penal la que deberá resolver el planteo. Si acepta los argumentos de esta parte de la querella y dispone la nulidad, el caso podría volver a juicio, con el pedido concreto de los familiares de que el nuevo debate se desarrolle en Mar del Plata